El gobierno y los líderes de la rebelión social de la austral región de Aysén iniciaron formalmente hoy sus conversaciones destinadas a poner fin a 40 días de bloqueos y protestas en esa distante zona.
El gobierno cedió a su decisión de no negociar mientras se mantuviera el bloqueo de rutas, que diversos sectores le habían requerido, y convocó el jueves a Santiago a 14 dirigentes del movimiento social que en febrero se alzó exigiendo el cumplimiento de 11 demandas, entre ellas un subsidio al alto costo de los combustibles en la región y el establecimiento de una zona franca.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien ejerce la jefatura de Estado mientras el presidente Sebastián Piñera realiza una gira por Asia, sostuvo la noche del jueves una extensa reunión con los dirigentes a los cuales acompañó el obispo regional Luis Infanti, quien apoya fuertemente las demandas sociales.
El viernes los dirigentes se reunieron con el ministro secretario de la Presidencia, Cristián Larroulet, y otras autoridades, para establecer las bases de las negociaciones que se iniciarán la próxima semana sobre los temas en Aysén.
Los dirigentes exigen asimismo el retiro de las querellas contra 22 manifestantes interpuestas por el gobierno por infracción a una severa ley de seguridad interior, pero en ese punto no obtuvieron una respuesta categórica por parte de Hinzpeter.
Al mismo tiempo en Coyhaique y Puerto Aysén, 1.680 kilómetros al sur de Santiago, los manifestantes comenzaron a desbloquear las rutas.
El gobierno a su vez cedió también a una de las exigencias de los dirigentes sociales y políticos de retirar las fuerzas policiales antimotines enviadas por el gobierno para reprimir disturbios. La acción policial fue objeto de reiteradas críticas, entre ellas por la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, por la violencia desplegada para controlar a los manifestantes, varios de los cuales se encuentran heridos.
La policía también tuvo bajas y los manifestantes causaron destrozos y el incendio de dos vehículos policiales.
La oposición estudia una acusación constitucional para destituir al ministro del Interior, a quien responsabiliza de la violencia policial.
El gobierno ofreció algunas medidas hace unas semanas, que los dirigentes sociales consideraron insuficientes y el diálogo entre las partes se quebró apenas comenzado.
El presidente del Senado, Camilo Escalona, elogió el inicio de las conversaciones y respaldó la demanda de retirar las acciones judiciales contra los 22 manifestantes.