No me acuerdo de las ocasiones en las que en este espacio he abordado lo referente a la desprotección de usuarios y consumidores, hasta que llegó el momento en que dispuse que no valía la pena proseguir con esa tarea porque sólo era una pérdida de tiempo, en vista de que persistía impune la violación a normas legales, ya no se diga a reglas éticas y morales, de parte de grupos de grandes, medianos y pequeños empresarios que a causa de su desmedida codicia esquilman a sus clientes, pues no se conforman con ganancias lícitas y legítimas, sino que se desborda su afán de lucro.

Cuando se creó la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) presumí que finalmente el Estado cumpliría con su deber de velar por los intereses de la mayoría de la población, sin distingos de ninguna naturaleza, tomando en consideración que lo mismo son víctimas de la avaricia disfrazada de precios exorbitantes o del pésimo servicio los que integran a los estratos más acomodados, que la clase media y los sectores populares; pero, como suele decirse ahora de parte de analistas de cashé, la normativa que regulaba el funcionamiento de la entonces naciente dependencia del Ministerio de Economía, cuyos  titulares generalmente los designan las cámaras patronales, carecía de dientes, por lo que era inoperante, o, por lo menos, no podría cumplir con las expectativas que alentó.

Anteayer, Prensa Libre incluyó una nota informativa acerca de que durante el año anterior se presentaron 6,777 quejas a la Diaco, incrementándose los reclamos por mal servicio porque las denuncias relacionadas con aspectos comerciales son las que sobresalen, al ocupar el primer lugar.

La directora de la Diaco, Silvia Escobar, quien, tengo la impresión que es la segunda vez que ocupa esa posición, informó que el año pasado 5,716 quejas (81%) fueron presentadas en la sede central, y mil 12 (16%) se recibieron en las agencias departamentales, lo que significa que en la capital y su área de influencia urbana es donde se registra el mayor número de alteraciones a precios y calidades de productos y servicios, sin tomar en cuenta a numerosos consumidores y usuarios que piensan que es inútil plantear sus reclamos.

Al leer el titular de la noticia me entusiasmé involuntariamente, porque presupuse que la información contendría, asimismo, datos referentes a las multas o sanciones aplicadas, el monto de las mismas y el total del dinero resarcido a las personas que presentaron sus quejas, y efectivamente la directora Escobar especificó que se recuperaron a favor de consumidores y usuarios Q6.68 millones, como resultado de desembolsos monetarios y restitución de bienes, además de que la Diaco canceló contratos de operación de establecimientos comerciales y de servicios.

Esta noticia alienta el optimismo, porque relativamente usuarios y consumidores ya cuentan con el limitado apoyo del Estado para que atienda sus quejas en este aspecto de su deteriorada economía familiar…

(El pelado consumidor Romualdo Tishudo dice que es su familia es acomodada porque necesariamente se acomoda al constante aumento de precios de la Canasta Básica).