El 9 de agosto fue declarado como tal por las Naciones Unidas. No obstante, en Guatemala se sufre el contrasentido de haber sido país pionero en la lucha por la identidad y los derechos de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, pese a lo establecido en los Acuerdos de Paz, se persigue, criminaliza y reprime a los pueblos indígenas con la misma saña demostrada por los conquistadores españoles hace 500 años.

De hecho, una nueva fase de la “conquista” está en marcha, para privar a nuestros pueblos indígenas de la poca tierra que les queda, sus recursos naturales, particularmente bosques y aguas, y sus posibilidades de desarrollo, al imponérseles proyectos ajenos, tales como las minas que extraen oro, cemento, metales estratégicos y hasta materiales radiactivos, para dejarles solamente miseria y contaminación.
En comunicado que la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) emite, se dice: “En esta fecha en que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo que correspondería al gobierno de Otto Pérez es hacer valer, totalmente, todos los acuerdos  y convenciones sobre los pueblos indígenas que ha firmado el Estado de Guatemala, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT. Debería comenzar con un decreto para indultar a todos los dirigentes y activistas indígenas que se encuentran presos… por conducir medidas de hecho para hacer prevalecer sus derechos; dar órdenes para que cese la persecución legal de líderes/lideresas indígenas y campesinos; pedir al Congreso que derogue las leyes que criminalizan al movimiento social y las ocupaciones de tierras y carreteras; garantizar que se eliminan los obstáculos a los juicios por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, particularmente el de Ríos Montt; y cambiar totalmente la estructura y funciones del órgano encargado de resolver los conflictos de tierras. Solamente así se podrá empezar a hablar de paz social y, quizás, algún día, aspirar a la reconciliación nacional”.
La RPDG analiza tres motivos de la violencia contra pueblos indígenas. Uno, el intento de acaparar tierras por parte de capitales nacionales y extranjeros con diversos propósitos: cultivo del maíz para combustibles; cultivo del azúcar y la palma africana para la exportación; grandes haciendas ganaderas que ofrecen carne para los mercados externos y restaurantes “de primera”; y el simple uso del suelo, para facilitarle a los Estados Unidos un “corredor seco” que violente nuestra soberanía e independencia. Se hace énfasis en el hecho de que toda tierra en manos no indígenas en nuestro país es producto del saqueo de la conquista y saqueos posteriores, porque todo el territorio nacional le pertenecía a los pueblos originarios. Dos, la extracción de los recursos que poseen los pueblos indígenas –agua y minerales– a cambio de migajas y residuos contaminantes. Hace 500 años se llevaron todo el oro y la plata que pudieron encontrar; hoy nos ofrecen arsénico por oro y, como ganancia, agua contaminada. Nos ofrecen progreso, basado en el uso del cemento, para lo cual sacrifican a las nuevas generaciones. Además, a cualquier costo, quieren entrar en la “fiebre de los metales estratégicos” para que Estados Unidos siga su carrera armamentista y sus guerras de dominación.  Y, tres, la impunidad por crímenes de lesa humanidad. Casi la totalidad de las 646 masacres perpetradas por las fuerzas de seguridad, principalmente contra pueblos indígenas, aún aguardan rayos de justicia. Coincido con el final del comunicado: “ha llegado el momento de tener un punto de inflexión en la tragedia guatemalteca. Es tiempo de que los sectores de poder y las capas medias a su servicio se den cuenta de que un país sumido en la discriminación y el racismo no tiene más futuro que estar en conflicto permanente”.