Dentro de las más importantes figuran la instalación de un Observatorio del Gasto Social, que estarí­a coordinado por un gabinete especí­fico del gobierno, y la implementación de los preceptos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Espada reconoció que existen dificultades técnicas para la aplicación de la ley que expone la información sobre las entidades que manejan fondos públicos, no obstante indicó que ya se están realizando esfuerzos para cumplir con ese mandato.

Asimismo, señaló que se realizarán esfuerzos para modernizar la Contralorí­a General de Cuentas, de tal forma que se permita a la entidad un mejor desempeño de sus funciones.

«Estamos comprometidos con la transparencia en todos los aspectos del gobierno», finalizó Espada.