Una entidad humanitaria de Guatemala denunció ayer ante una representante de las Naciones Unidas un incremento de la violencia en ese país, que dejó 25 mil 700 muertos en los últimos cinco años.
La violencia en ese lapso generó «una tasa promedio de 41,8 muertes por cada 100 mil habitantes (…). Estas cifras colocan al país como uno de los más violentos de la región latinoamericana», indica el análisis de la Fundación Myrna Mack presentado a la representante especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, quien ayer inició una visita de tres días a Guatemala.
«Con esta situación de criminalidad y con instituciones disminuidas en su capacidad por el mal desempeño y la corrupción de muchos de sus funcionarios, el sistema de justicia en Guatemala se ha convertido en fuente de impunidad», lamenta la entidad.
El análisis asegura que el factor común de la mayoría de los asesinatos es la impunidad, la cual se ve favorecida por deficiencias en la investigación, persecución y sanción penal de estos delitos.
La Fundación considera que los mecanismos para mantener la impunidad son los mismos que se utilizaron en el pasado para obstruir las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 36 años de guerra que vivió el país (1960-1996).
Explica que un monitoreo realizado entre 2005 y 2007 en siete fiscalías demostró que «en más del 90% de los casos de delitos contra la vida y la libertad sexual los expedientes quedan entrampados en una fase casi interminable de investigación; son sobreseídos y clausurados, o bien son archivados luego de haber realizado cero, una o, como máximo, dos diligencias».
También asegura que en la policía existen «estructuras internas que incurren en delincuencia común, corrupción, acciones vinculadas a la delincuencia organizada, ejecuciones extrajudiciales, abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y la utilización inadecuada de las armas de fuego, entre otros».
Denunciaron ante una representante que existe en el país un «nudo de impunidad» frente a agresiones a defensores de los derechos humanos.
Los activistas aseguraron a Hina Jilani, que los esfuerzos realizados por la comunidad de defensores de derechos humanos caen en el vacío porque el Estado no cumple con su responsabilidad mínima de protección.
A la reunión con Jilani, en visita de tres días a Guatemala, asistieron representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas, sindicales, de derechos humanos, de periodistas, ambientalistas, defensores de las mujeres y de organizaciones internacionales, entre otros.
El objetivo de la cita fue evaluar «el avance o retroceso en la investigación y persecución penal que han tenido las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los defensores de derechos humanos», resalta un comunicado conjunto de las entidades guatemaltecas.
Jilani, de origen paquistaní, ya había visitado Guatemala en 2002 para conocer la situación de los defensores del movimiento social y sindical y de los periodistas, debido a que se registró un patrón de agresiones en contra de estos sectores.
«Sin embargo, el número de agresiones ha ido en aumento durante estos cinco años luego de dicha visita», lamentan los denunciantes en un informe que presentaron a la representante de la ONU.
De acuerdo con las organizaciones, «la situación general de derechos humanos de la población guatemalteca se ha visto agravada al punto de que la cifra de asesinatos diarios en el país es de 17 personas, mientras que en el 2002 la cifra era de 9».
Aseguran que entre el año 2000 y junio del 2002 «se registraron 234 agresiones; sin embargo entre julio del 2002 y diciembre del 2007 se han registrado 971».
«Esto implica que antes de la primera visita la razón (o promedio) de los ataques era de 1 agresión cada 4 días. En los últimos 5 años y medio, la razón aumentó a 1 agresión cada 2 días», agrega el informe.
Según esas entidades, en lo que va del año se han registrado cerca de nueve agresiones contra los defensores de derechos humanos.
La delegada de la ONU también tiene previsto reunirse con altos funcionarios del Estado y con representantes de la comunidad internacional.