La deuda pública del país, durante los últimos años, ha causado preocupación en varios sectores respecto de los niveles a los cuales ha llegado, sobre todo porque en los próximos meses podría alcanzar la barrera de los Q100 mil millones. Sin embargo, la duda que también surge sobre este tema, aparte de la sostenibilidad de la deuda, es hacia dónde se han destinado esos recursos, los que surgieron del endeudamiento; si valió la pena aumentar las obligaciones y si se consiguieron los objetivos que se perseguían.

Los economistas dicen que para medir la deuda, esta debe compararse con otra variable, que generalmente es el Producto Interno Bruto del país en cuestión, para hacerse una idea de la magnitud que representa en determinado momento.

También, cuando se habla de deuda pública, suele analizarse otro tipo de indicadores, normalmente sociales como salud y educación, que, cuando se comparan entre países, puede ser que un uno tenga indicadores de deuda altos, pero que también los indicadores sociales muestren que la población de esa nación ostenta un mejor nivel de vida comparado con aquella que tiene deuda baja.

Para un país como Guatemala, donde surgen crisis en la red hospitalaria de forma recurrente, en el que se presentan altos niveles de desnutrición, en educación si bien se amplió la cobertura los inconvenientes se presentan en la calidad y la red vial se deteriora velozmente, se hace indispensable preguntar ¿en qué se han gastado los recursos del endeudamiento?

Es entonces cuando surgen cuestionamientos acerca de que si la deuda de un país, en este caso Guatemala, además de presentar niveles tolerables respecto del PIB, se ha utilizado de acuerdo a las necesidades de la población. Si se ha destinado para ampliar la cobertura de los servicios sociales, incrementar la infraestructura o hacia gastos superfluos o incluso se han filtrado en corrupción.

Según información del Ministerio de Finanzas Públicas, existe un programa de pago de la deuda pública interna por el que, desde 1998 hasta octubre de 2012, se han pagado Q28 mil 079.6 millones y US$ 2 mil 41.6 millones solo de capital. Los intereses y comisiones son aparte.

El programa de pago de la deuda pública interna, según la cartera de Finanzas, abarca hasta el año 2042, donde se proyecta el monto correspondiente a capital por cerca de Q40 mil 701.4 millones y US$ 830.3 millones, que a un tipo de cambio de Q7.80, serían unos Q6 mil 476 millones. En total, la deuda interna sería de Q47 mil 177.7 millones.

Para la deuda externa, al 31 de octubre, se tiene un saldo de US$ 6 mil 297.7 millones, del cual el 74 por ciento corresponde a entidades multilaterales, el 21 por ciento a bonos y obligaciones y el restante 5 por ciento a deuda bilateral. La deuda externa, convertirá a quetzales a un tipo de cambio de Q7.80, sería de Q49 mil 122 millones. Ambas deudas, la interna y la externa, sumarían Q96 mil 299 millones, al 31 de octubre, que sería la deuda pública total.

CARGA TRIBUTARIA Y DEUDA
El ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, considera que muchas veces la deuda se ha “satanizado” y, según indicó, “los países desarrollados, para poder serlo, tuvieron que haberse endeudado en algún momento de su historia”.

Para el caso de Guatemala, no obstante las carencias del país, el nivel de endeudamiento actual se debería a que “históricamente la carga tributaria ha sido demasiado baja”, indicó el Ministro.

Por ese motivo, a diferencia de otros países, “la deuda se ha convertido en una necesidad para poder financiar los presupuestos de cada año”. La deuda debe cumplir el principio general de que debe servir para inversión, explicó Centeno, porque permite la formación de capital fijo “que es lo más importante en un proceso de desarrollo”. Para sufragar el gasto corriente, deberían destinarse los ingresos corrientes o de otras fuentes financieras que no sean deuda.

“Esa era una regla general”, comentó el funcionario, pero “desafortunadamente, en los últimos ocho años, se comenzó a utilizar el dinero de la deuda para gasto corriente”, señaló el Jefe del Tesoro. Por esta situación, ocurría que debido a que el gasto corriente no reproduce, los recursos destinados a este simplemente se terminaban, “no se conseguía el efecto legalmente establecido” ni que causara el impacto económico deseado.

Cada año, los organismos que prestan los recursos al país establecen ciertos requisitos, pero al momento de la ejecución, para muchas instituciones se convertían en “cuellos de botella”, porque normalmente las entidades no pedían los fondos, sino que, por políticas sectoriales, lo que se hacía en el pasado era que el Ministerio de Finanzas decidía a qué entidad le otorgaba los recursos de los préstamos.

Las entidades recibían el préstamo, pero no lo ejecutaban y por eso preferían ingreso corriente para su gasto y no préstamos, porque no es necesario tanto procedimiento.

El Ministro comentó que en algún momento de la ejecución presupuestaria anterior a este Gobierno, “se fueron dejando las obligaciones de la deuda de la que hoy pagamos, servicio que es muy costoso, porque hay años en que es muy costosa la obtención de deuda, y simplemente no la ejecutaron”.

Hay préstamos externos con destino a salud y educación, que se están ejecutando con mayor velocidad luego del terremoto del pasado 7 de noviembre, porque resultaron dañados puestos de salubridad y escuelas, que no se esperaba que ocurrieran, para utilizar los recursos para nuevas construcciones, pero en virtud del daño, aseveró Centeno, se usan esos fondos para recuperar toda la red hospitalaria y de infraestructura educativa.

¿DÓNDE SE USAN LOS FONDOS?
El ministro Centeno aseveró que “el principio general del préstamo es que endeudarse es para invertir y hacerlo en formación de capital fijo”.

No todos los préstamos que están vigentes sirven para los propósitos de inversión, porque parte de lo que hoy se paga de servicio de la deuda “son préstamos que ya finalizaron, que ya se desembolsaron y que supuestamente la obra está hecha”.

Es decir que “estamos pagando servicio de la deuda, pero los proyectos y los programas ya finalizaron”. Hay varios préstamos que son para infraestructura, como el caso de la Franja Transversal del Norte, pero “no todo lo que hoy pagamos por servicio de la deuda está vigente”, porque hay préstamos que ya terminaron de desembolsarse y ya solo se paga una fracción incluyendo el servicio.

La deuda que se contrata con organismos bilaterales y multilaterales, es parte de la deuda externa, según el analista económico Edgar Balsells y cada préstamo que se contrae de esta forma lo aprueba el Congreso.
Sin embargo, las ejecuciones de estos préstamos son “sumamente lentas”, aseveró. Mi Escuela Progresa, por ejemplo, que fue contraído en el Gobierno anterior, incluso cambió de unidad ejecutora y pasó a ser Fonapaz, porque el Mineduc ya no lo hizo.

Estas situaciones retrasan el programa original del proyecto como fue aprobado por el directorio del prestamista. Otro es el de Desarrollo Económico desde lo Rural. Son programas que se diseñaron, pero la administración del crédito y el proyecto son deficientes, lo que se atribuye a la lentitud del Gobierno en hacer las gestiones. Otro préstamo en situación similar sería el de apoyo al registro de información catastral.

Por estos préstamos se paga servicio, que incluyen intereses y comisiones, pero no se ejecutarían de una manera adecuada, a criterio de Balsells, quien además sostuvo que sobre el financiamiento por deuda interna “es difícil medir claramente su resultado”, porque es un cupo que el Congreso aprueba y sustituye la carencia de impuestos y se gasta en funcionamiento.

¿PARA QUÉ SE ENDEUDA EL PAÍS?
Carlos González Arévalo, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), reiteró que según la naturaleza de la deuda, lo técnicamente correcto o deseable es que esta sirva para financiar la inversión de proyectos de desarrollo para provecho del país.

En Guatemala, con la venia del Congreso, en años recientes el Gobierno contrajo deuda con un organismo internacional, para gasto de funcionamiento, que estuvo mal visto, porque el Gobierno debiera recaudar recursos “por lo menos” para su gasto recurrente.

Los créditos deben negociarse en las condiciones más favorables para el país, en términos de plazos y tasas de interés, dijo González. “Endeudarse no es pecado”, comentó, pero aunque la relación de la deuda respecto del Producto Interno Bruto parece manejable, es necesario ponerle atención al crecimiento.

Aunque sería recomendable dejar de endeudar al país, el experto considera que esa vía para financiar gastos se continuará utilizando, pues incluso con la reforma tributaria los ingresos serían insuficientes para equilibrar el presupuesto y que de esa manera se cubran las necesidades prioritarias del país.

Otro inconveniente que González observa, es que el Gobierno también ha pagado deuda emitiendo deuda, que tampoco sería un uso adecuado para los recursos del financiamiento.

Los recursos de la deuda deberían utilizarse para fortalecer los servicios públicos, dijo González, a manera de contar con más y mejores escuelas, hospitales, mejorar el sistema penitenciario y la infraestructura de comunicaciones, básicamente caminos, carreteras, puertos y aeropuertos; también la creación de fuentes energéticas con recursos naturales renovables. Todos estos elementos son importantes para fomentar la inversión, pues un potencial inversionista explora qué le ofrece el país.

El Gobierno debe endeudarse para que exista inversión pública en infraestructura e inversión social, dijo Balsells, pero que la inversión social “llegue a la gente”, sostuvo el experto y no se quede en gastos administrativos o costos operativos. “No se debiera endeudar para sostener gastos operativos del Gobierno, sino que produzca efectos multiplicadores en la economía”.