Probablemente usted estará hastiado de leer noticias, análisis y críticas en torno a la insistencia del Organismo Ejecutivo, respaldado por los diputados del partido oficial, en lo atinente a que el Estado debe pagar alrededor de Q2 mil millones a contratistas de obras públicas, los cuales, en primera instancia, no cumplieron cabalmente con sus compromisos, ya sea porque entregaron obras de pésima calidad, dejaron los trabajos a medias o ni siquiera iniciaron la ejecución de los proyectos, reiterando lo señalado en artículo anterior.

Uno de los frágiles argumentos utilizados por el mismo Presidente y sus acólitos es que aunque ese atraso en el pago no es compromiso del régimen actual, sino que es una responsabilidad no satisfecha de gobiernos anteriores, es imprescindible que se “honre el pago de la deuda”; pero lo más grave es que pretende hacerlo no con recursos provenientes de los ingresos ordinarios del Estado, sino con fondos de nuevos empréstitos, mediante la eventual emisión de bonos del tesoro.

El lunes anterior, el Editorial de La Hora, explicó este escabroso asunto, pero para hacerlo más fácil de entender citaré un ejemplo personalizado de lo que propone el Presidente y los diputados de su partido, guardando las distancias, por supuesto: Si usted utiliza dos tarjetas de crédito y se ha sobregirado en una de esas cuentas, con riesgo de que procedan a enjuiciarlo, comenzando por medidas cautelares, como el arraigo, sin que usted sea previamente notificado, para pagar esa deuda lo que hace es saldar el déficit personal, pero con dinero de la otra tarjeta de crédito que le concede financiamiento con intereses más altos, por lo que en vez de superar su conflicto económico, lo complica más, y persiste en gastar como lo ha venido haciendo, sin duplicar sus esfuerzos para contar con más ingresos, o reducir su consumo. ¿Comprendido?

Por otra parte, pero siempre en consonancia con las deudas del Estado, cuando se le cuestiona al Ministro de Finanzas los requerimientos de la Universidad de San Carlos para que el Gobierno cancele el déficit acumulado desde hace tres años, ese funcionario suele replicar que es una obligación contraída por el gobierno anterior y que el actual régimen sí ha cumplido con asignar a la Usac el porcentaje constitucional contemplado en el Presupuesto General de la Nación, “siempre y cuando los ingresos fiscales sean suficientes”. Esa respuesta es una simple interpretación antojadiza, sesgada, parcializada y absurda en torno a los deberes del Estado, por razones fáciles de entender.

Pero no sólo es el caso de la Universidad de San Carlos, porque al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el Estado no le ha cancelado las cuotas patronales desde hace décadas y ni siquiera le traslada los descuentos a los salarios de los trabajadores del Gobierno afiliados al IGSS, y cuyo monto asciende a ¡más de Q21 mil millones!

Oportunamente abordaré este caso detalladamente, y mientras tanto estoy en una cabaña frente al mar, disfrutando de cortas vacaciones iniciadas el martes.

(La viuda de Romualdo Tishudo, quien fue empleado del Gobierno, frente a la tumba de su difunto marido murmura: -Recibí una nota del IGSS que te avisa que te que van a hacer un electrocardiograma entre dos meses. Así que ya podés descansar más tranquilo).