Después de 18 días, el gobierno de Otto Pérez Molina decidió levantar el Estado de Sitio que había establecido en el municipio de Santa Cruz Barillas. La situación que se generó después del ataque contra tres pobladores del lugar por sicarios que podrían haber actuado en función de los intereses de la compañía Hidro Santa Cruz, ha resultado reveladora de tendencias que van mucho más allá de este pequeño municipio de Huehuetenango.

En efecto hay que preguntarse lo que existe detrás del conflicto en este municipio de 1,112 kilómetros cuadrados y aproximadamente 127 mil habitantes. Y lo que hay detrás es un proyecto que va mucho más allá de los designios de Hidro Santa Cruz. Me motiva escribir este artículo la decisión del gobierno y una carta que me ha enviado Sergio Morataya, el vocero de Hidro Santa Cruz en la que afirma que nunca dijo las palabras que Associated Press le atribuyó y que yo reproduje en mi columna del jueves 10 de mayo de 2012.

Sin embargo, hay que ir más allá de lo que sucede en el minúsculo municipio por la construcción de una hidroeléctrica que según me informa Sergio Morataya es pequeña (5 megas). Detrás de esa pequeña hidroeléctrica se encuentra una nueva fase de expansión de la acumulación capitalista que incluso ya ha sido teorizada por las ciencias sociales. Un teórico inglés, David Harvey, la ha conceptualizado con la categoría de “la acumulación por desposesión” y según nos informa corresponde a una nueva etapa de la expansión imperialista por el mundo. En la “acumulación por desposesión”, el gran capital encuentra nuevas fronteras de inversión en la construcción de megaproyectos de toda índole, en la introducción de nuevos cultivos que resultan altamente rentables en el mercado mundial. Es un proceso parecido al que Marx teorizó en El Capital en el siglo XIX, refiriéndose a la acumulación originaria. Pero en este caso el despojo y violencia que se hace sobre campesinos, pueblos indígenas, pequeños productores y zonas de la periferia capitalista no están encaminadas a sentar las premisas históricas del capitalismo (la concentración de capital y la expansión del trabajo asalariado) sino son un avance más en la extensión y profundización de la acumulación capitalista propiamente dicha. En el caso de toda la región mesoamericana, esta nueva fase de acumulación capitalista comprende un magno proyecto que fue nombrado hace unos años como el “Plan Puebla-Panamá” y que ahora es conocido como el “Proyecto Mesoamérica”. Este proyecto incluye la construcción de vías de comunicación interoceánica en la región mesoamericana, corredores de maquilas, proyectos hidroeléctricos, instalación de megaproyectos turísticos, construcción de nuevas carreteras, apropiación de la biodiversidad y recursos naturales e introducción de nuevos cultivos considerados “commodities”. Desde el punto de vista de los Estados Unidos de América, este proyecto sería el afianzamiento de su dominación regional y solucionaría de manera sustancial la comunicación de la región más desarrollada de dicho país (la costa este) con respecto a toda la zona del Pacífico.

Obviamente este colosal proyecto implica, como ha sucedido con las acumulaciones originarias, una enorme dosis de violencia para poder desplazar a poblaciones que durante siglos han vivido en regiones que se han convertido en objeto de la voracidad de la expansión capitalista. Y esa necesaria violencia en Guatemala se vivió en el caso de Santa Cruz Barillas con toda la cultura del terror que durante siglos se ha acumulado en el país: los habitantes de dicho municipio fueron criminalizados por el gobierno, asociados al narcotráfico convertidos por tanto convertidos en parte de las “otredades negativas” (maleantes refractarios al desarrollo); la acción de las fuerzas de seguridad del Estado se dirigieron hacia los pobladores y no hacia los asesinos que hicieron el atentado del 1 de mayo contra habitantes del lugar; parte de la población del municipio tuvo que huir y reprodujo la dinámica de las Comunidades de Población en Resistencia durante los años del conflicto interno.

Signos ominosos hemos estado viendo en este gobierno que apenas lleva cuatro meses de
 ejercicio: una reforma tributaria a modo de los intereses de la cúspide empresarial, una
Vicepresidenta que acumula poder de manera desmedida, escándalos de corrupción en los
Ministerios de Salud y Agricultura que afectan al de Finanzas, licitaciones otorgadas a los
 favoritos de turno, el intento de imponer un Procurador de Derechos Humanos que sería
obsecuente con el gobierno y una actitud intervencionista hasta en ámbitos como el de
Flacso-Guatemala. Y en el caso que nos ocupa en este artículo, la aplicación del hábito
 contrainsurgente y la cultura del terror en función de los intereses de la voracidad del gran
 capital.