Procesado por las autoridades judiciales argentinas por su presunta implicación en 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas, Jorge Alberto Soza, de 72 años, fue detenido tras ser «reclamado por las autoridades judiciales de su país como presunto autor de varios delitos de lesa humanidad», dijo la policía en un comunicado.
Estas actuaciones se encuadran en los delitos denominados de lesa humanidad y Soza podría ser condenado a una pena de prisión que oscila entre los tres y los 15 años, informó la policía española.
Los hechos por los que el fugitivo era buscado «se remontan al período comprendido entre septiembre de 1975 y principios de 1977, en la ciudad de Neuquén, ubicada en la Patagonia argentina», añadió.
Por aquel entonces, el ahora detenido ostentaba el cargo de subcomisario de la Policía Federal argentina y desempeñaba la función de segundo jefe de la Delegación Neuquén, con asiento en la ciudad y provincia del mismo nombre. Esta dependencia policial operacionalmente se encontraba bajo la órbita del Batallón de Ingenieros de Montaña del ejército argentino.
La Justicia argentina estimó que Soza participó en el secuestro y tortura de personas «acusadas de formar parte de células terroristas que operaban en la región, en al menos 18 ocasiones», prosiguió el parte.
Jorge Alberto Soza se trasladó a España en el año 1992, y se estableció con su familia en la localidad valenciana de Carcaixent, donde adquirieron la nacionalidad española sin renunciar expresamente a su origen argentino.
La detención fue realizada por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Ontinyent (Valencia).
Esta detención se suma a otros dos casos de ex represores de la dictadura argentina detenidos en España.
Uno fue el del ex torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Adolfo Scilingo, quien tras un juicio oral y público celebrado en la Audiencia Nacional española, fue condenado el 19 de abril de 2005 a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura argentina, que el Tribunal Supremo elevó a 1.084 años dos años más tarde.
El ex marino cumple su condena en una cárcel cercana a Madrid.
El otro caso fue el del ex represor argentino Ricardo Cavallo. Si bien, tras su detención, todo estaba preparado en España para comenzar el juicio, finalmente fue extraditado a su país para ser procesado en Buenos Aires.
Capitán retirado de la marina de guerra, Cavallo, alias «Sérpico», será juzgado por el secuestro y la desaparición de dos monjas francesas durante la dictadura argentina (1976-83).
Detenido en México y extraditado posteriormente a España en 2003, Cavallo deberá sentarse en el banquillo en octubre próximo también por su participación en el secuestro y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh.
España otorgó su extradición a Argentina en marzo de 2008 y desde entonces está detenido en la cárcel común de Marcos Paz, en la periferia bonaerense.