Seis personas fueron capturadas por lavado de dinero y otros activos en Chinautla y San Miguel Petapa. Entre los detenidos se encuentran tres familiares del jefe edil, Arnoldo Medrano, del Partido Patriota.
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Las diligencias policiales iniciaron esta mañana en diferentes sectores del país, para ejecutar 11 órdenes de captura, de las cuales seis ya han sido efectivas.
Los detenidos hasta este mediodía son Manuela Victoria Osorio, de 36 años, concejal II de la municipalidad de Chinautla y sobrina de la esposa del jefe edil; Alisson Cordón Morales, de 32 –por caso especial de estafa–; Édgar Alfredo Medrano Osorio, 38, nuera e hijo de Medrano.
Asimismo, Rafael González Rosales, de 50 años, exalcalde de San Miguel Petapa; Roberto Montepeque Toledo, 53; acusados por lavado de dinero y otros activos.
Además, fue detenido Julio Antonio Sandoval, por caso especial de estafa.
En conferencia de prensa, la fiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicaron que las detenciones se realizaron por anomalías encontradas en el contrato de una empresa donde participaron el actual jefe edil de Chinautla y el exfuncionario de San Miguel Petapa.
López Bonilla explicó que la Municipalidad de Chinautla desvió fondos a la comuna de San Miguel Petapa, transacciones que fueron detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE); ambas instituciones se beneficiaron con ese dinero.
El otro caso es sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), de Q1.8 millones que se le otorgó a una empresa de Chinautla.
DILIGENCIAS CONTINÚAN
Las autoridades continúan realizando operativos en diferentes sectores del país, pues en total son 11 órdenes de detención.
Al cierre de La Hora se informaba que las autoridades continuaban con las pesquisas.
REACCIONES
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que las capturas son muy importantes ya que forman parte de las redes de corrupción identificadas en varios municipios.
En este sentido, el papel de los jueces es muy importante porque al darle seguimiento a estos casos el Estado podrá reaccionar sobre los niveles de corrupción que afectan a la inversión pública que no satisface las necesidades de la población y que deja al Estado sin oportunidades de obtener una mejor infraestructura o de reactivar las economías locales competitivas.
“La corrupción a nivel municipal ha alcanzado niveles desproporcionados, en donde el dinero publico de los contribuyentes, en su gran mayoría, va a parar a bolsillos privados producto de estas defraudaciones que se dan a través de la corrupción”, dijo Marroquín.
Los alcaldes gozan del derecho de antejuicio, a diferencia de otros ciudadanos. Según Marroquín esto es un problema ya que el Organismo Judicial (OJ) no cuenta con un procedimiento sobre cómo conocer los antejuicios.
Mientras tanto, Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que corresponde al MP armar los casos y fundamentarlos para poder presentarlo a los jueces, a modo de evitar que estos los desestimen por falta de pruebas. Por su parte, a los jueces corresponde valorar los medios de prueba que el Ministerio presente.