Aproximadamente seis mil leyes son catalogadas como obsoletas, por lo que serán analizadas y estudiadas por la Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis para la Deslegislación del Congreso de la República.

Como parte del proceso de modernización del Organismo Legislativo, los representantes de la comisión consideran necesario crear un programa que contemple la implementación de un registro de leyes seguras y confiables, así­ como la organización y la modernización del ordenamiento jurí­dico nacional y el diseño de una metodologí­a para identificar la legislación no vigente, derogada u obsoleta.

La diputada Gloria Barillas de Duarte, presidenta de la Comisión de Deslegislación, comentó que la modernización en leyes es de beneficio, porque las leyes que no estén vigentes podrán ser cambiadas, y que cuentan con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, Procuradurí­a de Derechos Humanos y del Fiscal General.

«Según tengo entendido hay aproximadamente seis mil leyes que están ya obsoletas y que en algunas presidencias de comisiones hay como mil leyes que han deslegislado, esto quiere decir que hay un total bastante grande en el que tendrí­amos que verificar, recordando que todo cambio lleva un proceso y creo que se nos está pasando el tiempo», afirmó la diputada.

«Buscamos realmente un consenso, ver que definitivamente las leyes sí­ afectan, y al derogarlas cuando las leyes ya son infuncionales en nuestro paí­s lo que buscamos es deslegislar».

Actualmente existen leyes que ya perdieron su vigencia o no se ajustan a la realidad del paí­s, impidiendo el buen manejo, adquisición y fluidez de la información legislativa para las entidades gubernamentales y para el público en general.

Por lo tanto, el Congreso de la República para poder cumplir con eficiencia, eficacia y mejorar el producto legislativo, debe crear los mecanismos de apertura a la sociedad, a fin de que ésta pueda tener mayor incidencia en la toma de las decisiones públicas que se conciban desde el Congreso; se hace necesaria la implementación de la unidad de deslegislación, para que la información que obtengan los ciudadanos sea confiable.