La semana pasada estuvo marcada por la advertencia de la dirigencia magisterial de establecerse en asamblea permanente, debido a los inconvenientes que han surgido derivados de la creación de contratos laborales –renglón 0-21- para los docentes en el presente año. Según calendarización del Ministerio de Educación –Mineduc–, el ciclo escolar debió haber comenzado oficialmente el 16 de enero, pero, como se ha vuelto una constante en los últimos años, el inicio del mismo será retrasado hasta que no sean cubiertas las demandas.
De entrada se sabe que en Guatemala los estudiantes supuestamente reciben 180 días de clases efectivos, los cuales en muchas ocasiones no se cumplen. Para medir el nivel en el que nos encontramos, debemos compararnos con distintos patrones de medida. Para no caer en el campo de lo abismal, tampoco con el afán de descontextualizarse, es adecuado saber que en El Salvador, desde hace algunos años se hacen esfuerzos por llegar a los 195 días de clases; o tal vez que los costarricenses lideran la región latinoamericana con 205 días de clases efectivos, sólo por citar dos ejemplos.
Al enfocarse en el caso costarricense, y para darse una idea de la carga de trabajo que significa cubrir 205 días de clases, es apropiado mencionar que el ciclo escolar en este país inicia en febrero, y culmina el 20 de diciembre aproximadamente, con dos semanas de vacaciones durante el año lectivo. Eso es algo que para la realidad guatemalteca sería sinónimo de pugnas, si en algún caso esto se llevara a la práctica, debido a que en nuestro país se manejan otro tipo de planificaciones docentes.
Cada año surgen atrasos en el sistema de educación pública, que van desde la complicación en la generación de contratos por parte del Mineduc, hasta los aprietos económicos de varios jefes de hogar en el mes de enero. Desde hace un tiempo se viene planteando la adecuada idea de atrasar el inicio de ciclo escolar hasta febrero. Sin embargo, esto sólo queda en proyectos inconclusos, erosionando de esta manera, cada vez más la formación académica de las nuevas generaciones.
El deterioro que sufre la educación pública guatemalteca tiene responsabilidades compartidas, puesto que, se ha denunciado que se sufre de tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos laborales, lo cual ratifica lo ya planteado en este espacio en ocasiones anteriores, en donde se afirmaba que las autoridades locales o distritales intervienen en el posicionamiento de nuevos docentes.
Se puede seguir enumerando un sinfín de inconvenientes, como lo son las precariedades en las escuelas públicas, o tal vez la desnutrición crónica que padece una considerable cantidad de estudiantes. Pero, más allá de lo anterior, debemos reflexionar en lo que puede ejecutarse para elevar el nivel en la calidad educativa, mismo que facilite la dotación de competencias a las futuras generaciones; dado que, la manera en que se ha llevado la educación en los últimos años, ha sido nociva para la búsqueda de un mejor país.
Entonces, en una economía globalizada como la actual, y en un país donde la pobreza afecta a un considerable porcentaje de la población, toma mucho realce la frase del educador y filósofo brasileño Paulo Freire, en donde afirma que “la educación es la última esperanza de los pobres para salir de la pobreza y de la exclusión social”.