El juez español Baltasar Garzón dictó el lunes de madrugada detención provisional incondicional para ocho presuntos miembros de la nueva dirección de Batasuna, el ilegalizado brazo político de la organización armada independentista vasca ETA.
Las ocho personas habían sido detenidas el jueves por la noche en el País Vasco y Navarra (norte) y comparecieron ante Garzón a última hora del domingo.
El juez de la Audiencia Nacional, la más alta instancia penal española, consideró que los hechos que se les imputan «podrían ser constitutivos de un delito de integración en organización terrorista», según una copia del acta obtenida.
Garzón basó también su decisión en el hecho de que «la única forma de paliar la continuidad de la acción presuntamente delictiva es la de acordar la medida de prisión solicitada de forma incondicional», insistiendo en la necesidad de impedir que los detenidos puedan escapar a la justicia.
En los registros realizados durante las detenciones, la policía encontró documentos que según Garzón relacionan a Batasuna con el partido radical Askatasuna y la plataforma D3M (democracia tres millones), dos formaciones constituidas recientemente para presentarse a las elecciones autonómicas del 1 de marzo en el País Vasco.
Se sospecha que el movimiento D3M y Askatasuna son los herederos directos de Batasuna. El gobierno español les acusa de ser «los encargados de sustituir a la antigua mesa nacional de Batasuna», según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
«Se pretende evitar que Batasuna se reproduzca y evitar que haya personas que hagan una política de apoyo a ETA», afirmó el ministro en el momento del arresto, agregando que los ocho detenidos «apoyan a ETA, sirven a ETA, y están en el entramado de ETA. Son colaboradores de ETA».
El juez Garzón consideró que D3M constituye, como las dos formaciones radicales vascas Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) -que fueron prohibidos por ser considerados como reemplazantes de Batasuna para las elecciones legislativas de 2008- un «centro organizativo de la nueva Batasuna».
En cuanto a Askatasuna, se trata, según la decisión judicial, de una «marca» de ETA, Batasuna y otra organización radial, Ekin.
El objetivo común de estas organizaciones es «burlar a las instituciones del Estado y conseguir estar presentes en las elecciones para así dar cumplimiento a la estrategia terrorista de ETA, cuando las circunstancias lo exijan», afirma el acta.
ETA, que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, es considerada responsable de la muerte de 825 personas en 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco.
La organización clandestina reanudó su compaña de atentados a mediados de 2007 al término de una tregua de 15 meses, tras el fracaso de las negociaciones de paz con el gobierno socialista español.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha adoptado desde entonces una línea de extrema firmeza, excluyendo toda nueva negociación con la organización armada independentista vasca.