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«Lo estamos acelerando porque funciona. Es un programa que permite a las cárceles identificar a los individuos que están en el país ilegalmente, con lo que se pueden iniciar los procedimientos migratorios», es decir, la deportación, explicó la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano.
«Queremos asegurarnos que una vez que han cumplido su sentencia no regresen a las comunidades», explicó Napolitano.
El programa «Comunidades Seguras» se inició en octubre pasado, a punto de acabar la presidencia de George W. Bush, y concierne a las cárceles locales, donde hasta ahora no se comunicaban esos datos al gobierno federal.
Este año se van a registrar las huellas de cerca de un millón de reos.
Más de 2,3 millones de personas estaban encarceladas en Estados Unidos en 2007 (prisiones federales, estatales y locales).
«Es un programa voluntario. Lo iniciamos en 48 sitios (en octubre), y planeamos que esté disponible para todas los centros (penitenciarios) locales en 2012», declaró un portavoz del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).
Lo que va a suceder es que la información también va a ser mandada al ICE, como ya sucede de forma rutinaria con el FBI.
El presidente Barack Obama ha solicitado este año al Congreso un aumento del 30% del presupuesto de ese programa, hasta 200 millones de dólares.
Más del 72% de los hispanos condenados en 2007 en cortes federales en Estados Unidos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, según un reciente informe del centro Pew Hispanic Center.
El Departamento de Seguridad Interna, tras un proceso de revisión de las políticas de la administración precedente, ha descubierto que quiere seguir aplicando buena parte de las mismas.
Otro de los programas que Napolitano ha decidido impulsar vigorosamente son los controles de los empresarios que emplean a los ilegales, y en particular el programa E-Verify, que permite a los empleadores conocer inmediatamente si los papeles de su trabajador son legales.
Más de 87 mil empresarios han adherido a ese programa, elogiado por coaliciones de defensa de los migrantes.
El programa «Comunidades Seguras» no despierta ni mucho menos tantas alabanzas.
Amnistía Internacional lo criticó inmediatamente por considerar que puede «criminalizar» a trabajadores ilegales que cometen faltas leves, y que se encuentran de repente a las puertas de la expulsión del país.
El cerco en torno a los cerca de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos se ha ido estrechando desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Las organizaciones de defensa de los migrantes esgrimen que esas son respuestas parciales, y que es ineludible una reforma migratoria integral, no solamente para detectar a los ilegales, sino para darles una oportunidad de regularizarse y pedir algún día la ciudadanía.