Diversas organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos en Guatemala demandaron al Congreso de la República que apruebe de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural Integral y garantice los fondos necesarios para su inmediata implementación.
En un comunicado, las entidades exigieron a las Cámaras Empresariales que depongan su actitud y permitan la aprobación e implementación de las políticas de desarrollo, las que contribuirán a que la población guatemalteca logre salir de la pobreza.
De acuerdo con la información, es urgente que el Presidente de la República reitere su respaldo a la actuación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala y de su representante, Alberto Brunori.
Las agrupaciones recordaron que la ley de desarrollo integral, iniciativa 4084, es un compromiso de los Acuerdos de Paz que ha tomado demasiado tiempo en concretarse y que busca abordar la problemática estructural de la pobreza y la pobreza extrema en el campo que afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, a la mujer y a la niñez.
La actual propuesta de ley es producto de un largo proceso de debate y negociación, donde miembros de las cámaras empresariales han participado, pero preocupa la actitud que tiene la Cámara del Agro de desconocer los consensos de la mesa para dilatar el desarrollo de los pueblos y mantener la dependencia de la personas a sus intereses.
Las entidades lamentaron que en el proceso de aprobación de la normativa, personeros de la Cámara del Agro y otras personas se dediquen a criminalizar al movimiento campesino e indígena y a utilizar una retórica del pasado para desinformar a la población y provocar un miedo que no tiene fundamento.
De acuerdo con la publicación, preocupa que las Cámaras Empresariales utilicen una serie de mecanismos formales e informales para limitar, obstaculizar y comprometer la autonomía del Congreso de la República, que constituye un logro de la débil democracia en Guatemala.
Las organizaciones rechazaron el planteamiento utilizado públicamente en contra del representante del OACNUDH en Guatemala, Alberto Brunori, quien realiza un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos de la citada Ley y de la conflictividad social.
Finalmente, el comunicado destaca el repudio a la actitud de ciertos actores y sectores de sistemáticamente bloquear y rechazar cualquier política pública tendiente al desarrollo rural, a la protección del ambiente y del respeto a la voluntad de los pueblos.
Las entidades que firman el comunicado son la Convergencia por los Derechos Humanos, el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, la Mesa de Municipalización y la Coordinadora Interinstitucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).