En Guatemala el derecho a consulta ha resultado polémico a través de la historia, pese a que este Estado fue uno de los primeros a nivel mundial en aprobar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula que los pueblos indígenas deben ser interrogados respecto a temas que los afectan.
Unos de los temas que más debate han generado en relación a este aspecto son las reformas a la Constitución, la reforma educativa y la energía eléctrica; diversas comunidades han criticado que las acciones gubernamentales se interpreten como consulta, señala el Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica.
En ningún momento hemos aceptado dichas reformas, tampoco estamos emitiendo opinión sobre éstas y la información que se nos comunicó no constituye ningún proceso de consulta de buena fe con la Asamblea de Alcalde Comunales y la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, como lo exige el Convenio 169; rechazamos las reformas de las cuales hemos sido informados, afirmaron los líderes indígenas de Totonicapán.
En Guatemala se ha considerado que la sola remisión de notas de autoridades gubernamentales a una entidad comunal, como en el caso de los 48 Cantones, satisfacen los requerimientos de la consulta indígena, marcada en el artículo 6 del Convenio 169, resalta el estudio.
En septiembre pasado, comunidades Mayas y Xincas demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por vedarles el derecho de decidir sobre la instalación de proyectos mineros en sus territorios.
Esta demanda se dio luego que en febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una inconstitucionalidad contra la Ley de Minería, presentada por las comunidades, que presentaron el recurso bajo el argumento de que la instalaciones de mega proyectos violaban su derecho a la consulta.