El juicio por genocidio y de delitos contra deberes de la humanidad es sumamente importante, ya que al margen de una eventual condena o absolución para los dos exmilitares acusados, se reconocieron los excesos cometidos por las fuerzas estatales e insurgentes contra civiles durante el conflicto armado interno y tarde o temprano se tendrá que procesar a los criminales de guerra de ambos bandos.
A Efraín Ríos Montt se le puede odiar o admirar, pero difícilmente se le puede ignorar, pues en el banquillo de los acusados el exjefe de Estado parece ser el principal protagonista de una complicada y enredada trama legal que evidentemente no será resuelta en poco tiempo.
Y aunque el juicio por genocidio ha sido el centro de atención de la sociedad en los últimos meses y continuará de esa manera, no puede ser lo único que nos interese en materia de justicia y memoria histórica, ya que el conflicto armado interno se extendió por 36 años y a lo largo de ese tiempo muchas otras personas fueron responsables de las muertes de poblaciones inocentes.
Es importante hacer ver que el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez se basa en una imputación por la muerte de 1170 pobladores del área ixil, pero durante la guerra interna se contabilizan cerca de 250 mil muertos y desaparecidos, lo que significa que en el actual proceso solo se haría justicia por el 0.46 por ciento de las víctimas mortales.
No es mi intención reducir el dolor y el sufrimiento de un pueblo a simples números y estadísticas, o minimizar la acusación de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, que será un parteaguas para la historia de la justicia guatemalteca. Más bien, el objetivo es hacer ver que después de la sentencia contra los exmilitares ahora acusados deberían continuar las averiguaciones para que la justicia llegue a todos los implicados.
El escenario es el ideal, porque en el juicio contra Ríos Montt, aunque algunos negaron el genocidio no dejaron de reconocer los excesos cometidos por el Ejército contra la población civil durante el conflicto armado interno, a la vez que emergieron de nuevo las acusaciones contra los guerrilleros, a quienes también se les responsabiliza por masacres de civiles.
Es vital hacer ver que no se trata de un revanchismo en la posguerra, sino más bien del derecho de hacer justicia para 248 mil 230 personas que perdieron la vida y que para honrar su memoria se hace necesario acabar con la impunidad.
Unos deben pagar por los crímenes que cometieron con el auspicio del Estado y los gobiernos militares contra la población que se quedó en medio del fuego cruzado, mientras que otros, los que irónicamente decían luchar por una revolución, tienen que ser procesados por ejecutar a los civiles que no tomaron partida en el conflicto.
En la guerra fueron lamentables las bajas de ambos bandos, pero de una u otra manera los militares y guerrilleros sabían que se enfrentaban en conflicto intenso. Por eso, la parte vital de este escenario es hacer justicia para los civiles, pues fueron involucrados a la fuerza en una lucha que no era propia.
Revolver en el pasado nunca es fácil y menos cuando se trata de dilucidar responsabilidades penales, pero es una necesidad y una tarea que ya no puede ser ignorada por las autoridades judiciales ni por la población.