«A nosotros no nos va a legislar otro país, podemos ser un país pequeño pero somos un país soberano, independiente y tenemos nuestras propias leyes. Yo no me voy a dejar que me vengan a imponer cosas, menos de otro Congreso y otro país».
Otto Pérez.
Gobernante guatemalteco al referirse a decisiones sobre Guatemala del Gobierno estadounidense.
Pasa en la vida real como cuando después de una travesura in fraganti, el niño recibe una reprimenda y de remate un jalón de orejas, acto seguido viene el berrinche; pues lo mismito le está ocurriendo al gobernante Pérez, quien poco tiempo después de participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, celebrada en La Habana, Cuba, acaba de recibir una tremenda zarandeada de parte del Gobierno estadounidense y que Pérez respondió con berrinche vehemente.
Resulta que a mediados de enero del presente año, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que le impide votar a favor de otorgar créditos a Guatemala, provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debido a la falta de progreso en los procesos de adopciones y en el resarcimiento de unas seis mil familias indígenas, despojadas a la fuerza de sus tierras, reprimidas y damnificadas por la construcción en 1980 de la hidroeléctrica de Chixoy, Alta Verapaz, en particular para la población de Río Negro que fue masacrada por fuerzas militares.
La decisión del Gobierno estadounidense exacerbó el ánimo del gobernante Pérez, quien señaló al jefe de asesores del Senado de ese país, Timothy Rieser, de estar detrás de esa maniobra que impone restricciones para Guatemala desde 1977, ya que durante la administración del señor James Carter se aprobó el embargo militar impuesto a Guatemala por violaciones a los derechos humanos.
El gobernante Pérez sostuvo: “Esto responde a los intereses de una persona que nosotros sabemos quién es y que se cree dueña de Guatemala, siendo un asesor de un senador. Imagínese que tiene condiciones puestas para limitar la ayuda a Guatemala en defensa, desde el año 77”. Luego agregó, “Él es el que se cree ahora el dueño de Guatemala porque siempre mantiene eso y quiere que todos los que vayan de aquí le vayan a hablar y a pedir que, por favor, levante esas restricciones. Él no es el dueño de Guatemala para ponernos ese tipo de restricciones.”
Después de lanzar esas críticas, Pérez dijo que su gobierno mantiene buena relación con la Presidencia y el Departamento de Estado.
Me parece que los actos y la retórica del gobernante Pérez son contradictorios y de doble rasero, lo digo porque mientras expresa indignación por la intromisión e injerencia de funcionarios estadounidenses en los “asuntos internos” del país, recibe en audiencia privada a la delegación del observatorio de derechos humanos Human Rigths Watch, una organización no gubernamental que tiene su sede en Nueva York.
La citada delegación estuvo encabezada por el profesor José Miguel Vivanco y llegó al país a reiterar su preocupación por los ataques a la libertad de expresión, en particular por las acciones penales que los gobernantes guatemaltecos emprendieron en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín. Según Vivanco las mencionadas acciones son un “error” que los gobernantes deben corregir.
Para el gobernante Pérez la semana que está por concluir ha sido más agitada que de costumbre y aún falta más, después que la Corte de Constitucionalidad determinó que el período de gestión de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público vence el próximo mayo; esta decisión ha provocado un alboroto y para variar, los estadounidenses también tienen interés en ese asunto, según el embajador Arnold Chacón, dijo que “estudian” la medida de la CC. ¿Qué va a decir Pérez?