En los últimos cinco años Guatemala ha sido afectada por una ola de violencia e inseguridad que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil muertes violentas. El Ministerio de Gobernación (Mingob) argumenta que este flagelo erradicará a medida que se combate la violencia que se gesta en los hogares y se desarrollen planes de seguridad de mediano y largo plazo, mientras que la sociedad civil opina que, además, debe prevalecer una política integral y a largo plazo en salud, educación y empleo.

Sin excepción alguna, todos los días hay más de una muerte, asalto, robo y violación sexual en el país, a consecuencia de la violencia e inseguridad que aqueja históricamente a Guatemala.

Entre 2008 y 2011 las estadísticas de la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses contabilizaron 30 mil 076 víctimas de la inseguridad, lo que supone un promedio mensual de 501 muertes violentas y una tasa promedio anual de 42 muertes por cada 100 mil habitantes.

El Ministerio de Gobernación admitió recientemente que en el pasado mes de enero se cuantificaron 485 muertes violentas, 50 más en comparación con el año anterior, lo que marca una tendencia estadística poco alentadora en 2013.

Sin embargo, esto no es nada nuevo, ya que por años el país se ha visto inmerso en una serie de crímenes atroces que van acompañados de ciertas dosis de saña, como descuartizamientos, explosiones en buses, balaceras y decapitaciones.

El titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, conversó con La Hora y admitió que los principales problemas son los delitos contra la vida, el patrimonio, las extorsiones, la operatividad de grupos del crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas. (Lea la entrevista: “Ni impunidad ni inmunidad”).

López Bonilla considera “difícil” que algún día Guatemala pueda vivir sin un solo muerto por violencia, pues requiere de una política a largo plazo, por varios gobiernos, pero también depende de la erradicación de la violencia que se gesta en los hogares guatemaltecos, donde prevalece la violencia intrafamiliar, las violaciones sexuales, el incesto y la venta de niñas.

“Esto es una cuestión de cultura, de entender que hay una cultura machista, que acepta como método válido que la cabeza del hogar debe ser el hombre y que a él le tiene que obedecer su esposa en todo lo que sea y si no, la corrige a golpes. Hay, inclusive, y eso lo sabe todo el mundo en el interior del país, consejos de padres que le dicen a sus hijos que desde el primer día le pegue a su esposa para que entienda quien manda”, dice el Ministro.

Según el funcionario, la venta de niñas que lamentablemente son situaciones “antropológicas” arraigadas en culturas como la guatemalteca.

“Existe otro tipo de violencia, que es permitir el casamiento de niñas de los 12 a 15 años con un tipo mayor que dice que se quiere casar con ella y le va a pagar a la familia; lo que está haciendo la familia es vender a su hija y de verdad en eso la Ley no es estricta y todo lo que viene por debajo de los 18 años, cae en una categoría muy complicada.  Al final de cuentas la venta de una niña se convierte en una tradición,  porque antropológicamente tiene una justificación, pero al final del día estamos hablando de un ser humano al que le van a arruinar la vida porque no ama y va a ser forzada; eso cumple con una serie de características de delito que se llama violación”, refiere el funcionario.

El encargado de la seguridad afirma que el incesto es otra práctica violenta, y principalmente se origina en departamentos como Petén, San Marcos, Alta Verapaz, donde los padres de familia abusan a sus hijas menores de edad y muchas de ellas terminan en estado de gestación.

Según el Mingob, hay cuestiones de fondo en la violencia que se origina en las calles, que tienen que ver con problemas dentro del hogar.

“El problema fundamental es entender que los guatemaltecos estamos inmersos en una cultura de violencia, unos la ven como herencia del conflicto armado, otros la ven como la exclusión, como la gran disparidad que existe en las clases sociales, pero hay cuestiones de fondo que son más antropológicas, como lo que le estoy planteando”, refiere López Bonilla.

CRIMEN, NARCOTRÁFICO, PANDILLAS
De acuerdo con los análisis de la Cartera del Interior, el crimen organizado se dedica a actividades relacionadas con el robo de vehículos, la trata y el tráfico de personas, sicariato, cybercrimen, entre otras de alto impacto.

Según el Ministro de Gobernación, en los últimos cinco años se ha identificado que hay diversidad de tipos de crimen organizado y entre estos también sobresale el narcotráfico y la narcoactividad. 

“Cuando uno ve el crimen organizado, resulta que hay diversos tipos, como narcotráfico y narcoactividad, pero nosotros lo tratamos aparte porque tiene toda una tipología, unas características específicas, pero muchas veces la red del narcotráfico también se cruza con redes de crimen organizado. La narcoactividad va desde la producción, fabricación, distribución, comercialización, trasiego, venta y por supuesto todo lo que tiene que ver con inversiones, lavado de dinero, lavado de activos, sus consecuencias son muy grandes”, explica.

Por aparte, dice que las pandillas se dedican a cometer asesinatos, extorsiones, descuartizamientos y violaciones. Precisamente en estos grupos se refleja el desprecio por las mujeres de su entorno.

“En estos grupos hay un desprecio por las mujeres y por lo que representan en la sociedad; pueden haber mujeres familiares de ellos, novias de ellos, pero si en algún momento hay una duda de algún contacto con una pandilla rival o no hay sometimiento completo, entonces habrán acciones contra ellas: asesinato, femicidio, descuartizamiento y esas son acciones que impactan”, dice.

JUSTICIA
A decir del responsable de Gobernación, la seguridad depende también de la justicia, es decir, de la certeza del castigo para quienes cometen crímenes e ilícitos. Por eso, considera que el esfuerzo por la seguridad debe ser interinstitucional.

El combate a la impunidad, según López Bonilla, es un complemento imprescindible en los planes de seguridad nacional, ya que es la base para el Estado de Derecho que necesitan los guatemaltecos. “Inhibir a un delincuente es muy importante”, según el entrevistado, y eso se logra con justicia.

EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO
Representantes de la sociedad civil coinciden con el Mingob, sobre los orígenes de la violencia y la reproducción de sus patrones en la calle, pero consideran que existen otros factores que están relacionados con la educación, la salud y el empleo.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), considera que el Estado debe tener claro dónde invertir, con una visión a mediano plazo y eso definitivamente tiene que ver con mejorar las condiciones de las personas de forma integral.

“Lo que hace falta es una visión clara del Estado en cuánto a dónde hay que invertir para que haya en el futuro más inseguridad. En esa parte de visión e inversión el Estado falla porque termina invirtiendo más en armamento, en querer tener más policías, más militares, cuando realmente lo que va a mejorar la situación en mediano plazo es la inversión en salud, educación y empleo. Hay una responsabilidad del Estado a corto plazo y no ver el fenómeno en toda su dimensión”, dice la profesional.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que es necesario fortalecer todas las instituciones de Estado, pues los problemas de seguridad no solo tienen que ver con entornos violentos, sino con problemas sociales.

“Esto es algo a lo que nos enfrentamos y está latente –la inseguridad y la violencia–, porque tiene que ver con problemas sociales, estructurales, de país, pero es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado para que refuerce sus capacidades no solo en seguridad, sino en educación y salud”, indica Godoy.

Eluvia Velásquez, coordinadora de proyectos de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), cuestiona sobre la posibilidad de que existan cambios significativos en el tema de seguridad cuando no hay indicios de atender las principales necesidades de la población.

“Las organizaciones intentamos buscar la convivencia pacífica dentro del hogar, llevar el mensaje de cordialidad, de las normas de convivencia a nivel social, pero si no se atiende el tema educativo, de salud no pueden haber cambios; ahora hay un gran caos en los hospitales porque no hay medicina, no hay atención por parte de los médicos.  En el área educativa no hay maestros cubriendo su trabajo como debería ser, porque obviamente el Estado está fallando. La corrupción  en el país es un tema muy grande”, explica Velásquez.

La entrevistada admite que las raíces de la violencia están en el hogar, sin embargo, el Estado no se enfoca en mejores oportunidades para la niñez y la juventud.

“De raíz y de fondo es eso –la violencia intrafamiliar–, pero hay otras cosas. Aquí lo que quisiéramos es paz y tranquilidad, pero se puede lograr cuando el Estado realmente cumpla con lo que tiene que hacer con las cuestiones de la niñez y la adolescencia, respeto a sus derechos, pero si desde arriba no se hace y argumentan que no hay recursos, que los tributos no se han dado, eso es terrible”, concluye.