La propuesta del Gobierno de trasladar la compra de fertilizantes a cooperativas y organizaciones no gubernamentales bajo el argumento de que hay que despolitizar el programa de entrega de ese insumo debe ser evaluada con mucho detenimiento porque si bien las compras que hace el Estado no están blindadas contra la corrupción, menos lo estarán las acciones que hagan particulares si no existe el debido seguimiento de la Contraloría General de Cuentas, sobre todo porque las cooperativas y los compradores privados no estarán en la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos de la Ley de Compras del Estado.
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Y el asunto tendría menos aristas delicadas y sospechosas si el Gobierno no hubiera cometido la torpeza de recurrir a uno de los mayores proveedores de fertilizante para que prestara su avión al Presidente de la República y luego remachara el clavo con el nombramiento de uno de los dueños del avión y la empresa Disagro como coordinador del Programa de Desarrollo Rural. Yo comenté anteriormente que si suponemos que el señor Dalton era la persona idónea para el cargo, el tema del uso del avión empañaba por completo su designación.
Y ahora, cuando sabemos que la primera declaración que dio el señor Dalton en su calidad de funcionario «ad honórem» del régimen del ingeniero Colom, fue que no está de acuerdo con la forma en que el Estado ha interferido en el mercado de los fertilizantes porque ello distorsiona el precio, el anuncio de que ese mismo Estado ya no tendrá nada que ver con la compra de fertilizantes sino que la misma será hecha por entidades privadas que no están obligadas a cumplir con las normas de la Ley de Compras, el asunto huele más feo que la designación del mismo señor Dalton.
Repito algo que he dicho varias veces: si un gobernante quiere enfrentar a los poderes fácticos y terminar con privilegios para ciertos sectores a fin de corregir los desequilibrios de la sociedad, no puede hacerlo haciendo alianzas con nuevos y emergentes poderes económicos. En otras palabras, cuando lo que hay es un corrimiento, un traslado de los beneficios de uno a otro sector de la misma rosca, no se está realmente cambiando nada. Pero lo peor de todo es que si el Gobierno dice que su objetivo es beneficiar a los que nunca han sido beneficiados y que los pobres son su razón de ser, los poderes fácticos encuentran en este tráfico de influencias el elemento necesario para darle barniz al Gobierno a fin de descalificarlo.
Y es que no basta que un gobernante que quiere hacer cambios profundos sea honrado, sino que es indispensable que además lo aparente y eso evidentemente es algo que resulta muy difícil porque en nuestro medio hay suficientes antecedentes históricos para ser siempre suspicaz. Y más cuando se procede de forma tal que basta la suma de los factores para establecer más allá de toda duda lo que se persigue. Si la venta de fertilizantes al Estado es y ha sido un gran negocio y el Gobierno deja en manos de uno de los mayores proveedores la política de desarrollo agrario, el posterior anuncio de que la venta ya no será sometida a los formales requisitos de licitación tiene un olor inconfundible.
Por el bien del país es necesario que el gobierno actual tenga éxito y, sobre todo, que pueda en realidad proyectar beneficios para los guatemaltecos más pobres. Por ello es que resulta más inaceptable cualquier acto de soberbia que rechaza críticas objetivas, concretas y que persiguen en realidad corregir problemas y no causar daño y desprestigio. Pero ya estamos otra vez en la era de «este macho es mi mula» y las consecuencias de ese desinterés por cuidar las apariencias terminará pasando una gran factura.