Entre 31 mil y 60 mil millones de dólares del erario estadounidense han sido malgastados y defraudados al contribuyente en las guerra de Irak y Afganistán en la última década debido a la escasa supervisión de los contratistas, una planificación deficiente y la corrupción, concluyó hoy una comisión independiente.
La situación, propicia para el desperdicio, el fraude y el abuso, amenaza con repetirse en futuras guerras si el gobierno de Estados Unidos no efectúa cambios radicales en el proceso de concesión y supervisión de contratos para frentes de guerra, agregó.
La Comisión de Contrataciones en Tiempo de Guerra instó al congreso a aplicar decenas de sus recomendaciones para modificar el proceso de contratación. Incluso sugirió que la comisión conjunta de ambas cámaras para la reducción de la deuda estudie las propuestas.
En su informe final al Congreso, la Comisión dijo que el despilfarro podría aumentar a medida que disminuye el apoyo estadounidense a los proyectos y programas de reconstrucción, por lo que Irak y Afganistán tendrán que soportar el costo a largo plazo de mantener las escuelas, clínicas, acuartelamientos, carreteras y plantas eléctricas construidas con fondos estadounidenses.
Los organismos gubernamentales deberían modificar la forma en que conceden y supervisan los contratos en zonas de guerra, para no repetir los errores cometidos en Irak y Afganistán, dijo la comisión.
Entre las 15 recomendaciones de la comisión figura la creación de un inspector general para supervisar los contratos y nombramientos de funcionarios gubernamentales a fin de mejorar la planificación y la coordinación y reducir el uso de contratistas de seguridad privados.
La comisión, creada por el Congreso en 2008, calculó que entre 31.000 y 60.000 millones de dólares se han perdido en la última década en Irak y Afganistán, pero las reformas propuestas representan un desafío para los legisladores profundamente divididos en sus planes para reducir el déficit.
La senadora demócrata Claire McCaskill, que copatrocinó la legislación para establecer la comisión, dijo que planea preparar un proyecto de ley con base en las recomendaciones.
En total, la comisión dijo que los gastos en contratos y subvenciones para apoyar las operaciones estadounidenses excederán los 206.000 millones de dólares para fines del año fiscal 2011.
Con base en su investigación, la comisión dijo que el despilfarro por las contrataciones en Afganistán representaba del 10% al 20% de aquella suma. El fraude durante el mismo período osciló entre el 5% y el 9% del total, agregó el informe.
La seguridad, el transporte, la preparación y entrega de alimentos y mucho más son manejados ahora por el sector privado, mientras los militares responsables de vigilar el desempeño de los contratistas dependen cada vez más de compañías privadas.
Según la comisión, la segunda mayor fuente de ingresos de los insurgentes afganos, después del narcotráfico, es el desvío de dinero de los proyectos de construcción y contratos de transporte respaldados por Estados Unidos.
The Associated Press reportó este mes que las autoridades estadounidenses en Kabul creen que 360 millones de dólares han caído en manos del Talibán o delincuentes.