Las nuevas autoridades de gobierno poco a poco han ido conociendo la realidad en la que í“scar Berger y su equipo dejó la administración pública. Al momento de abrir las gavetas en cada ministerio se han encontrado con despilfarro, especialmente en gastos de combustible, carros, llantas, telefoní­a, viáticos y asesores.

Dos semanas después de haber asumido el poder, Edgar Barquí­n, asesor económico del presidente de la República, ílvaro Colom, hace una evaluación y revela que muchos de los funcionarios del anterior gobierno fueron «irresponsables y poco transparentes en el proceso de transición».

– Pregunta: Usted formó parte del equipo transición que recibió de la Gana la información de cómo dejaba la administración pública. ¿Qué evaluación han hecho estando ahora en el gobierno?

– Respuesta: Efectivamente fui parte del equipo de UNE en el proceso de transición. En ese proceso se plantearon temas que no habí­an sido concluidos y que se les deberí­a dar seguimiento, especialmente los estratégicos. Nos indicaron que en todos los ministerios y dependencias públicas todo estaba controlado y en orden, nosotros confiamos en la información que se nos proporcionó; sin embargo, la situación encontrada fue otra, razón por la que decimos que muchos de los funcionarios del anterior gobierno fueron muy irresponsables.

– P: ¿No coinciden los datos proporcionados por el gobierno de Berger con la realidad que hoy enfrentan?

– R: En el tema económico no coinciden, toda vez que ellos nos indicaron que la deuda flotante era menor a los Q.280 millones, que los indicadores monetarios estaban controlados, que la ejecución del presupuesto estaba en orden. La realidad fue todo lo contrario, estimo que en muchos casos no fueron transparentes en el proceso de transición.

– P: El gobierno ha informado que existe una deuda que sobrepasa los Q2 mil millones en el Ministerio de Comunicaciones, ¿ya se ha hecho un cálculo de la deuda flotante de todo el Organismo Ejecutivo?

– R: En ese proceso estamos, consideramos que el monto puede ser mayor, ya que no sólo en el Ministerio de Comunicaciones hemos encontrado deuda flotante. Lo más complicado de esto es que no está registrada en el Ministerio de Finanzas Públicas, de tal manera que el Gobierno anterior no es como lo pintan, hubo mucho desorden y a quien afectan es al paí­s.

– P: Usted dijo que «existió despilfarro de la Gana, mala administración de los fondos públicos», esa situación se dio a nivel general o fue en instituciones especí­ficas.

– R: El despilfarro prácticamente se ha dado en la mayorí­a de ministerios y secretarí­as, especialmente en gastos de combustibles, carros, llantas, telefoní­a, viáticos, asesores, etcétera Puede ser que mucho de ello sea legal pero es inmoral ante tanta necesidad de la población. La Contralorí­a de Cuentas establecerá si hay o no irregularidades.

– P: ¿Han solicitado la intervención de la Contralorí­a o la realización de auditorias privadas?

– R: Ellos deben cumplir con las atribuciones que la Constitución y su ley le señalan. No obstante, el Presidente les ha solicitado agilizar y profundizar más en los exámenes que realizan.

– P: Conocida la situación, ¿se presentarán algunas denuncias ante los órganos competentes?

– R: Si se detectaran situaciones en las que se presuma la existencia de ilí­citos se presentarán las denuncias respectivas; sin embargo, la Contralorí­a de Cuentas tiene la responsabilidad legal de examinar la ejecución presupuestaria y su legalidad y, seguramente, si ellos detectan ilí­citos no me cabe la menor duda que platearán las denuncias correspondientes.

– P: Mientras ello sucede, ¿qué alternativas se han planteado como solución a ese déficit fiscal descubierto?

– R: Este es un tema que estamos evaluando, lo cierto es que el Estado como tal debe honrar los contratos suscritos, aunque estos serán revisados.

– P: ¿Han determinado qué cantidad de recursos del Estado están comprometidos en fideicomisos?

– R: Este es un tema que se está evaluando, hemos requerido un inventario de los mismos y el estatus en que se encuentran, para poder tomar una decisión al respecto.

– P: La aprobación de los préstamos puede ser una solución a la problemática.

– R: No. Los préstamos que están en el Congreso serán flujos de fondos que financiarán algunos rubros presupuestarios de seguridad, salud y educación. La deuda flotante no está registrada ni presupuestada, esa es la irresponsabilidad del Gobierno anterior y del flamante equipo económico que tení­an, incluyendo a su Comisionado para el seguimiento del plan de gobierno.

– P: ¿El Gabinete económico ha considerado la posibilidad de una reforma fiscal para financiar el hoyo financiero?

– R: La reforma fiscal estará orientada a mejorar los ingresos fiscales para financiar los proyectos sociales y necesidades básicas de la población pobre, así­ como para lograr los objetivos de seguridad y justicia y la infraestructura del paí­s, para que el sector productivo pueda desempeñarse de mejor manera, ser competitivos y generar empleo. Esta reforma también tiene que ver con la priorización del gasto y la austeridad. Buscaremos el consenso por medio del convencimiento a los diferentes sectores.

– P: Por último, la UNE ha planteado la necesidad de recuperar los recursos del Estado y entidades descentralizadas en bancos privados y depositarlos en el Banco de Guatemala, ¿podrí­an los mismos utilizarse para financiar la deuda interna del Estado -directa o indirectamente- y cuál serí­a el beneficio para el propietario de los recursos.

– R: El retiro gradual de fondos públicos (Organismo Ejecutivo) en los bancos privados es una medida de polí­tica monetaria que contribuye a estabilizar la sobre liquidez que el Banguat inyectó a la economí­a el año pasado, así­ como a disminuir el nivel de OMAS que conlleva también la disminución del costo de la polí­tica monetaria y por consecuencia de erogaciones del presupuesto nacional, liberando recursos para Salud y Educación. La deuda interna se financiará por medio de la colocación de bonos en el sector privado, incluyendo la banca.