El poder de la República de Guatemala se encuentra delegado sobre tres Organismos de Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, los cuales tienen delimitadas sus funciones, al igual que sus alcances en todo lo referente a los campos de acción que deberían cubrir. Sin embargo, en la actualidad se manifiesta una ausencia de orden, determinada en gran medida por las ansias de aumento de cuotas de poder a todo nivel, por parte de las distintas autoridades.

En estos tiempos muy pocas situaciones pueden sorprender, máxime cuando se trata de la centralización en la toma de decisiones, en donde los funcionarios públicos salen de su estricto ámbito de acción, para intervenir en campos que no les compete. Cada vez se hace más habitual apreciar, cómo el Ejecutivo intenta legislar y el Legislativo pretende ejecutar, sólo por citar un ejemplo de los desórdenes que se manifiestan en el seno de las instituciones de Gobierno.

Es verdaderamente preocupante, cómo las instituciones con mayores capacidades de oferta laboral, han sido copadas por autoridades ajenas a las mismas, puesto que, se han apoderado de la toma de decisiones en todo lo relacionado a contratación de personal. Es decir, que en algunos casos los legisladores distritales, son los que seleccionan el personal a contratar, quedando de esta manera invalidadas las funciones de los departamentos de recursos humanos de las distintas instituciones.

Lo anterior denota lo erosionado que se encuentra el sistema de contratación de personal del Gobierno, en donde instituciones del Ejecutivo están al mando –específicamente en el posicionamiento de personal– de autoridades del Legislativo, como que si las funciones de estas personas es la selección de nuevos elementos. Sin la intención de caer en ópticas demasiado rigurosas y estrictas, se puede afirmar que estas acciones debilitan el óptimo funcionamiento de las organizaciones afectadas, debido al poco conocimiento que seguramente poseen estas personas para la toma de este tipo de disposiciones.

No debe culparse únicamente a los que poseen capacidad de toma de decisiones, dado que, gran parte de los grupos de trabajadores organizados,  también tienen su aporte marginal significativo a este desorden, en donde las disposiciones deben “negociarse” con dirigentes de los mismos, y muchas veces los resultados son nocivos para la buena salud de las finanzas del Estado, sólo por mencionar uno de muchos ejemplos. Las “mejoras” laborales constituyen una constante demanda, conformando estas una fuente de movimientos que deben maniobrarse sobre la marcha, no importando si interrumpen la planificación que se tenía programada para los períodos establecidos.

Así se podría seguir enumerando un sinfín de situaciones que perjudican el orden que debería prevalecer en las instituciones de Gobierno, pero es en este punto donde debe analizarse si el ser condescendiente con los sectores organizados de trabajadores ha beneficiado o perjudicado; o tal vez responderse si la “continuidad” de varios legisladores, acompañado de sus aumentos de cuotas de poder, le ha hecho bien al aparato gubernamental.

En conclusión, el Gobierno guatemalteco debe ordenar la casa, empezando por limitar los abusos de poder de varios funcionarios, además de detener el tráfico de influencias que se ha desbordado en la mayoría de espacios, porque de lo contrario estaremos cayendo en des economías que cada vez estarán deteriorando las ya sacrificadas finanzas del Estado. No queda más que iniciar procurando que el Legislativo se dedique a legislar y el Ejecutivo a ejecutar.