Más de la mitad de la niñez guatemalteca padece de desnutrición crónica, lo grave es que esta población se concentra en los municipios del altiplano y es mayoritariamente indígena.
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Particularmente, de los 118 municipios con mayor vulnerabilidad, más de la mitad aumentaron sus porcentajes de población afectada.
Se reconoce que la dieta tradicional de la población a pesar de su sencillez es adecuada en nutrientes y en calorías, sin embargo se observa una tendencia al aumento de la población sin acceso a esta dieta, según informó Orlando Blanco, integrante del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Actualmente se evidencia que la mayoría de la población mantiene uno de los más bajos niveles de desnutrición crónica, debido al retroceso en el crecimiento.
La cantidad de personas subnutridas se ha estancado con relación a la población total, sin embargo significan ya el doble de inicios de la década de los noventa; y aún no se recupera del incremento que tuvo a finales de esos años, en la cual se incrementó de 16% al 26%.
Actualmente la prevalencia es del 23% de la población, aseveró Blanco.
Esto luego de entregar el informe «Aún tenemos hambre», donde se reveló la situación del derecho a la alimentación en el país luego de 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz.
A decir del activista, el segundo Censo Nacional de Talla efectuado en el 2002, reveló que de 380 mil 578 menores en primer grado de primaria, el 51.2% tiene talla normal, mientras que el 48.8% tiene retardo, del cual 34.42% es moderado y 14.38% severo.
Los varones están siendo más vulnerables en cuanto a la desnutrición severa.
El altiplano occidental es donde se mantienen los mayores rezagos. Los grupos étnicos revelan que la situación se torna dramática para los grupos tekititeko (87.71%); ixil (82.53%); chortí (79.52%); chuj (75.97) y mam (74.46), apuntó Blanco.
El impacto de la pobreza
Como un indicador de éxito de las políticas sociales el Gobierno promueve que a nivel mundial el país ha mejorado con respecto a otros en cuanto al índice de Desarrollo Humano (IDH).
Sin embargo hay que recordar que si bien este enfoque es de utilidad para evidenciar alguna mejora en las condiciones de vida de una población, se corre el riesgo que también puede ser utilizado en sentido opuesto para el que fue creado, en tanto que generaliza muchos aspectos en un solo indicador, según manifestó Blanco.
El IDH nacional actualmente es de 0.673, mientras que el 1994 fue de 0.58, lo cual de manera general puede interpretarse como un importante avance.
A pesar de esto, en términos absolutos Guatemala por ejemplo, aún se mantiene por debajo del reto de países centroamericanos.
A partir de que los indicadores retoman «promedios», que pueden ocultar los rezagos que sufren grupos específicos.
De ahí la necesidad de retomar otros indicadores y especialmente tratar de observar los rasgos más profundos en sectores específicos de la población, que se destacan por su vulnerabilidad, analizó Blanco.
Principalmente a la población femenina, indígena y campesina, y de manera más específica a la niñez, los ancianos y a las personas con alguna discapacidad.
Actualmente el municipio de Guatemala tiene el IDH más alto del país, de 0.826, comparable con países como Costa Rica y México.
Mientras que entre los municipios más atrasados se encuentran Comitancillo con 0.398; Chajul con 0.342; y San Juan Atitlán con 0.306, el más atrasado del país.
En el análisis por grupos étnicos, el más atrasado es el chortí con 0.367, valor incluso más alarmante que en muchos países de ífrica, refiere el activista del CIIDH.
Si bien el PNUD reconoce que el incremento de las exportaciones agrícolas es una vía para aumentar el ingreso rural y reducir la pobreza, hace énfasis puntual en cuanto el caso del país, que ha venido a demostrar que esta afirmación no es necesariamente así y que incluso puede ser lo opuesto.
En la última década se han mantenido tasas en aumento, añade hasta el 8% en las exportaciones, sin embargo la posición del país en cuanto al IDH está en 23 lugares por debajo de su puesto en cuanto a riqueza económica, reveló el estudio.
Se enfatiza que aun cuando las exportaciones no tradicionales han generado importantes beneficios para la economía en general es contradictorio que solamente el 3% de los campesinos participan en este sector.
El derecho a la alimentación adecuada sigue teniendo obstáculos para su vigencia.
Esta situación tiene diversos orígenes históricos, que se reproducen y se transforman pero que en última instancia afectan a un alto porcentaje de la población del país.
En cuanto a la accesibilidad a alimentos, el gasto que destinan los guatemaltecos a la compra de éstos es sumamente desigual.
Respuesta del Estado
El Gobierno promueve entre sus mayores éxitos en la lucha contra el hambre la instalación del marco legal para la coordinación de instituciones que abordan esta temática desde diversos enfoques, lo que se considera como un aspecto positivo.
«Sin embargo la coordinación de entidades que no se fortalecen estratégicamente en base a los objetivos que se plantean en los marcos generales, no implica un avance significativo para la población meta.
Un aspecto importante de abordar para la implementación de la PSAN, es lo relativo a la orientación que se le da a la misma, especialmente en cuanto a trascender lo que implica la denominada «Ayuda Alimentaria», la cual si bien es fundamental para casos de emergencia, no puede constituirse en el quehacer fundamental del sistema.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, se instituye como la entidad que coordina las acciones de las diversas entidades estatales para la implementación del PSAN.
Para el año 2006, a la SESAN se le asignó un presupuesto de Q12 millones, sin embargo en el corte o medio año se observa que se ha ejecutado solamente un 27.86% del mismo, lo que implica una ejecución de solamente Q3.3 millones.
Es significativo señalar las importantes modificaciones que sufren prácticamente los programas, lo que evidencia que aún no existe claridad acerca del desempeño que debe realizar la secretaría, acotó el activista.
Por otra parte, la baja ejecución presupuestaria se nivela de alguna forma por las transferencias corrientes que básicamente implica un simple traslado de fondos a entidades externas.
De no ser por esto la SESAN apenas estaría superando el 15% de su presupuesto; esta tendencia implica que al cierre del año se podrían quedar sin ejecutar casi la mitad de los fondos.
Para el abordaje de la problemática alimentaria en Guatemala prevalece el sentido de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que ha implicado que generalmente se retomen los aspectos referidos al consumo calórico y nutricional de la población.
Aún es muy débil el abordaje como derecho, a pesar que el país se encuentra comprometido políticamente con el mismo.
Esto significa que las acciones que se implementan carecen del componente más fuerte para superar las condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
El Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, lleva a cabo recomendaciones más puntuales, especialmente en lo relativo al acceso a la tierra de la población laboral; la formalización del Pacto Fiscal; la aplicación del catastro y el Código Agrario; la consideración de nivelar el salario mínimo según el costo de la canasta básica alimentaria; y la armonización de los compromisos de Guatemala ante el TLC con sus obligaciones en materia de derechos humanos, entre otros.
Actualmente las acciones que promueve el Gobierno se limitan a la asistencia alimentaria a poblaciones al borde de la hambruna, no obstante no van más allá, especialmente en el sentido de promover una política alimentaria integral y con alcance para toda la población, de acuerdo con Blanco.
Aunque se han integrado algunos espacios de coordinación entre la sociedad civil y el Estado para abordar la problemática alimentaria del país ha sido evidente la falta de claridad y voluntad política de implementar lo aprobado por el Congreso.
Los vulnerables
Una persona pobre gasta el 54.8% de su ingreso en alimentos mientras que una persona no pobre lo hace en un 36.0%.
Esto implica que el impacto de la pobreza no se verá reflejado directamente en el consumo alimenticio, por lo que es aún más profundo.
La «lógica de sobrevivencia» inicialmente sacrifica el acceso a otros satisfactores básicos como educación, salud, capacitación, vestido, esparcimiento y cultura, aspectos sin los cuales la persona no puede generar nuevas capacidades para superar sus condiciones de pobreza, según Blanco.
Esto denota la prevalencia de los niveles de atraso para ciertos grupos, heredándose de una generación a otra, y en esta lógica quienes resienten aún más los alcances de la pobreza serán los grupos más vulnerables, especialmente mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad y enfermos.
Costo de la canasta básica
La canasta básica alimentaria para la mayoría de países centroamericanos está constituida por más de 50 productos, mientras que en Guatemala ésta sólo cubre 26 productos.
Esto ha hecho que se tergiversen las cifras monetarias requeridas para cubrir una canasta básica alimentaria.
El caso de la emergencia surgida por la tormenta Stan evidenció claramente la debilidad institucional para apoyar a las familias afectadas, especialmente en el sentido de promover su reinserción económica, ya que una gran mayoría de estas no sólo perdieron sus medios de trabajo, sino además sus cosechas, las cuales en la vida campesina significan no sólo sustento alimentario sino además ahorro para el futuro inmediato.
En la implementación de la denominada «Primera fase de ayuda alimentaria después de la tormenta Stan», en la cual cada familia beneficiada recibió 200 kilos de alimentación durante diez meses, según lo indica el estudio del CIIDH.
Ayuda mínima, ya que de hecho significó apenas 0.67 kilos diarios por familia, en regiones donde cada familia se compone de 7 a 8 personas.
Se puede argumentar que esta ayuda pretendía ser solamente una subvención para superar las condiciones para el Estado por una acción cuyo impacto es muy débil.