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La Policí­a Nacional Civil (PNC) da cuenta de 15 casos de descuartizamiento este año, de los cuales se suscitaron 10 en la Capital y 5 en los municipios de Guatemala. Y aunque aún no concluye la cuantificación en los departamentos, las autoridades afirman que hay investigaciones en curso en los casos ocurridos en el interior del paí­s.

El año pasado, según las estadí­sticas, se originaron 11 casos, de los cuales sólo un pequeño porcentaje acaparó la atención de los medios de comunicación, a diferencia de este año, ya que los crí­menes se cometieron con personas expuestas al público por distintas circunstancias.

Mario Mérida, analista en seguridad, opina que los desmembramientos pueden responder a distintas hipótesis. La primera responde al accionar de grupos criminales que están al servicio del narcotráfico, que pretenden enviar mensajes claros de poder. Por otro lado, no se descarta, que los pandilleros reciban órdenes de otros para ejecutar esos crí­menes.

La segunda está vinculada con ritos satánicos propios de las pandillas, donde los jóvenes que pretenden ingresar deben demostrar su agresividad para ser aceptados.

Según el experto, es necesario analizar los perfiles criminales de quienes guardan prisión en el Sistema Penitenciario (SP), de donde se cree que se han planificado este tipo de asesinatos, para entender por qué se ha llegado a esos extremos y con qué fin; es por eso, que el Estado debe abordar seriamente la temática e instar al Ministerio Público (MP) y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para investigar a profundidad todos los detalles de los crí­menes que puedan ayudar a dar con los responsables.

«Â¿Cuánto esfuerzo se ha hecho por conocer los perfiles criminales de los capturados dentro del SP? No hay una investigación seria, el Inacif y el MP deben investigar a profundidad», dice Mérida.

Por su parte, Alejandro Rodrí­guez, jefe de la Unidad de Polí­tica Criminal del MP, considera que estas prácticas podrí­an estar vinculadas con la próxima campaña electoral en donde es obvio que el miedo juega un papel importante.

«Siendo un año electoral y habiendo grupos polí­ticos interesados en promover la violencia como mecanismos para acreditarse polí­ticamente podrí­a aumentar el año próximo», dice Rodrí­guez.

El profesional coincide con Mérida, pues cree que el miedo juega un papel importante en esas prácticas que ya no se limitan al simple asesinato.

UNIFICAN CASOS

Según las fuentes, la investigación de los hallazgos de cuatro decapitados, el 10 de junio pasado y el descuartizamiento de la trabajadora del Sistema Penitenciario, el 28 del mismo mes, se unificó debido a que las primeras verificaciones vinculan al mismo grupo de sicarios en esos crí­menes, que según las averiguaciones fueron planificados desde el Preventivo para Varones de la zona 18, sin descartar que hubo comunicación con los privados de libertad de otras cárceles.

Inicialmente se mantení­a la hipótesis que los asesinatos se perpetraron, porque no hubo respuesta por parte de las autoridades para atender las exigencias de los reos del Sector 11 de la prisión preventiva, quienes pedí­an el ingreso de televisiones tipo plasma, refrigeradoras, visita conyugal y la instalación de comedores con alimentación variada.

Los argumentos de las autoridades se basan en los mensajes que dejaron los sicarios el dí­a de los hechos, pues frente al Congreso de la República, en las gradas del Centro Comercial Tikal Futura, en el Bulevar Liberación y en la colonia Lavarreda, zona 18, prevalecí­a el mensaje: «Esto está sucediendo por todos los malos tratos e injusticias que hay en las cárceles del paí­s, si usted no le pone mayor atención y dedicación a los malos tratos que hay en todas las cárceles del paí­s todo lo que acontezca en adelante hacemos responsables al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario ya».

De acuerdo con las autoridades, la intercepción de llamadas logró establecer que la planificación de los crí­menes surgió en el Preventivo, sin embargo lo que aún no se logra conocer es por orden de quién se ejecutaron los asesinatos grotescos. El 23 de julio fueron capturados Emma Liseth Godí­nez Guzmán y Richard Alejandro Citalán Tzoc, acusados de colocar las cabezas de los fallecidos en distintos lugares.

El 28 de junio, al igual que en la descripción anterior, los maleantes dejaron una nota en los restos de Wendy Mariela Colí­n Chávez, jefa de Personal del Preventivo para Varones de la zona 18, donde se leí­a: «Para el Ministro de Gobernación y el director de Presidios Eddy Morales por abuso de autoridad. Esto va a seguir pasando si siguen violando los derechos de todos los reos».

Según el análisis de los expertos, se cree que Colí­n Chávez fue desmembrada con una sierra eléctrica, aún con vida, pues no presentaba heridas de arma de fuego ni golpes. También se analiza la razón por la que precisamente la funcionaria se convirtió en ví­ctima de los sicarios y por qué su muerte fue planificada estratégicamente.

En el caso de los hallazgos del 10 de junio hay un factor que llama la atención de las autoridades, pues los crí­menes se originan tras la renuncia del ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, quien habrí­a recomendado la remoción del ex Fiscal General, Conrado Reyes, acusándolo de tener ví­nculos con miembros de grupos paralelos. Esto sucedió justamente un dí­a antes del hallazgo de los cuatro decapitados.

SIN ANTECEDENTES

Otro hecho destacado ocurrió el 9 de noviembre pasado. Erick Estuardo Martí­nez Castañeda, de 17 años, fue desmembrado; sus restos aparecieron en la colonia Santa Marta y en el Puente Lo de Bran, ambas en la zona 6 de Mixco, así­ como en la colonia La Florida, zona 19.

Testigos del suceso informaron que desconocidos que se conducí­an a bordo de un automóvil de color negro lanzaron las bolsas con los restos humanos.

De acuerdo con el padre de la ví­ctima, el adolescente habrí­a salido un dí­a antes de su vivienda, ubicada en Ciudad Quetzal, argumentando que tení­a una reunión con una catedrática del colegio donde estudiaba. Sin embargo, el padre del joven confirmó que nunca hubo tal reunión, pues la catedrática no lo citó.

La Policí­a Nacional Civil (PNC) investiga el crimen. Las indagaciones destacan que el fallecido no tení­a antecedentes delictivos que causara sospecha de que estuviera involucrado con grupos de la delincuencia organizada. Lo que si se conoce es que en Mixco y los sectores donde se encontraron los restos de la ví­ctima operan clicas -células criminales- de la pandilla 18.

INDICIOS DE NARCOTRíFICO

La muerte y desmembramiento del futbolista Carlos Mercedes Vásquez Navas, del equipo Deportivo Malacateco es otro de los casos de impacto documentados por las fuerzas de seguridad que se relacionan con desmembramiento cómo forma para sembrar terror, en donde se presume la participación del grupo de narcotraficantes Los Zetas.

El futbolista fue secuestrado cuando viajaba junto a otros integrantes de su equipo, el pasado 26 de noviembre. Tan sólo dos dí­as después, sus restos fueron encontrados en bolsas de plástico.

Las autoridades responsabilizaron al grupo de narcotraficantes Los Zetas, quienes habrí­an dejado el mensaje: «Por meterse con la mujer de otro».

Una semana después del suceso, el 5 de diciembre, se capturó a Elmer Aroldo Celada Galdámez, sindicado de cometer el crimen, pero posteriormente habrí­a sido liberado el 7 de diciembre de una cárcel de Malacatán, San Marcos, por integrantes del grupo delictivo.

Las autoridades, por su parte, siguen tras la pista del prófugo de la justicia, que ha causado revuelo y que dejó la muerte de un policí­a y un civil, tras su liberación.

Además, hay por lo menos 16 personas capturadas, que supuestamente participaron en el rescate de Celada Galdámez.

«Uno de los elementos implí­citos es sembrar terror dentro de la población, durante el conflicto armado interno era el Ejército el que hací­a esto como una operación psicológica para inmovilizar socialmente, pero actualmente podrí­amos decir que estructuras polí­ticas son las que están interesadas en destruir a la sociedad», señala Rodrí­guez.

Esto podrí­a ser parte de una campaña de terror contra la población para generar desestabilización fí­sica y psicológica, puntualizó el profesional.