El gobierno francés se comprometió el miércoles a desmantelar en tres meses la mitad de los campamentos ilegales de gitanos, y a expulsar a aquellos de nacionalidad búlgara o rumana que hayan cometido delitos, tras una controvertida reunión al más alto nivel en el Elíseo.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, fue el encargado de anunciar las medidas adoptadas por el ejecutivo, que prevén también un intercambio de policías con Rumanía, y el envío de diez inspectores del fisco para «controlar la situación» en algunos asentamientos, donde «muchos de nuestros compatriotas están sorprendidos de observar la cilindrada de ciertos vehículos».
En la reunión convocada por el presidente Nicolas Sarkozy, participaron también el jefe de gobierno Franí§ois Fillon, los ministros de Justicia, Michí¨le Alliot-Marie, e Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, el secretario de Estado de Asuntos Europeos Pierre Lellouche y los jefes de la policía y la gendarmería.
Sarkozy convocó esta reunión tras los disturbios callejeros que tuvieron lugar en dos puntos del país en los que murieron dos jóvenes por disparos de la policía. Uno de ellos ocurrió en Saint Aignan (centro) donde unas 50 personas de la comunidad gitana atacaron la gendarmería con hachas y barras de hierro.
Según la presidencia francesa, el objetivo de la reunión era analizar «los problemas que plantea el comportamiento de algunos miembros de estas comunidades, en cuanto al orden público y la seguridad».
Unas 400.000 personas, francesas en un 95%, forman parte de la comunidad gitana en Francia. El resto está formado por gitanos de origen rumano, búlgaro y balcánico, cuyo número está en constante aumento, según el gobierno, que hace hincapié en que por no pertenecer al espacio Schengen, estarían en Francia en situación irregular.
Desde 2007, la cantidad de gitanos procedentes de esos países del este europeo registró un aumento del 140% anual. En la actualidad son unos 15.000, distribuidos principalmente en la región parisina, según datos oficiales.
La reunión fue muy criticada por la oposición y varias asociaciones, que consideran que «estigmatiza» a una comunidad y aborda la delincuencia desde un punto de vista «étnico».
Las reacciones se acentuaron además porque Sarkozy convocó la reunión al mismo tiempo que anunciaba «la verdadera guerra» que el gobierno llevará adelante contra la «criminalidad».
Sarkozy «quiere hacernos la guerra, pero atención, tenemos más determinación que los gitanos de antes», advirtió el presidente de la Unión Francesa de Asociaciones Gitanas (UFAT).
Según un colectivo de asociaciones gitanas, la reunión del Elíseo «pone de manifiesto una política de naturaleza racial».
En esa línea se pronunció también la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) al rechazar un «tratamiento étnico de la delincuencia».
El opositor Partido Socialista denunció el «estigma escandaloso de una población» y el Partido Comunista lamentó que «una vez más, el gobierno tome un atajo inaceptable entre delincuencia y comunidad de personas».
Cuando faltan menos de dos años para la próxima elección presidencial, la oposición acusa a Sarkozy de recurrir a dos de los temas preferidos de la derecha: la seguridad y la delincuencia.
El sociólogo francés Jean Pierre Liegeois consideró que esta reunión es una «reactivación de las actitudes más negativas» y recordó que es Francia la que «viola» la legislación vigente sobre los terrenos que las comunas deben poner a disposición de la población nómada, como los gitanos.