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El tema de derechos humanos en el paí­s fue abordado por los distintos relatores especiales de Naciones Unidas. Para encontrar solución al tema, el año anterior hubo un desfile de personal técnico de la institución internacional.

Su trabajo fue la verificación de los señalamientos y posteriormente dejar una serie de recomendaciones para su cumplimiento.

En el 2006 no menos de seis relatores especiales llegaron a Guatemala. Entre los asistentes se puede mencionar al Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales. También arribaron al paí­s el Comisionado Especial del Derecho a la Alimentación y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, entre otros.

Pese a la visita de los relatores, algunas instituciones que trabajan en favor de los derechos humanos dicen que las condiciones no cambian en el paí­s.

Pese a que ya se cumplieron 10 años de firmada la Paz, Guatemala sigue estando bajo los ojos de la comunidad internacional.

«Esto por la persistencia de condiciones que laceran y provocan violaciones a los derechos humanos», mencionó Orlando Blanco, del Centro Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, Frank LaRue, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos (COPREDH), indicó que la llegada de los relatores al paí­s no soluciona el problema.

Ellos son personas técnicas que hacen sus recomendaciones para salir del problema.

«Es el paí­s el que debe solucionar sus problemas», expresó LaRue.

Mencionó que hay avances, pero las dificultades que persisten en el paí­s, la falta de una justicia pronta y cumplida provoca que las causas se mantengan en el paí­s.

La impunidad sigue sin desaparecer.

Las condiciones mejorarán una vez se asuma una reforma al Estado, refiere LaRue.

Mientras eso no ocurra los problemas se mantendrán, acotó el Comisionado Presidencial.

Blanco refiere que si bien es cierto ya no existe una polí­tica de Estado de carácter represivo y sistemática de violaciones a derechos humanos, también es cierto que la institucionalidad del Estado no garantiza ni resguarda en su integralidad tales derechos.

Preocupaciones persisten

Las principales preocupaciones radican en el hecho de que el mayor número de denuncias de violaciones de los derechos humanos se refiere a violaciones del derecho a la vida, a la integridad y seguridad de la persona y a la libertad, en las que estarí­an implicados agentes del Estado o en las que éste ha fallado en su deber de garantí­a

Otra de las preocupaciones resalta la persistencia del problema de la impunidad, manifestada en la dificultad de avanzar en las investigaciones y en los procesos judiciales y en la incapacidad del sistema judicial de llevar a la justicia a los responsables intelectuales y materiales.

Asimismo llama la atención la persistencia de la marginación y discriminación de que son ví­ctimas los pueblos indí­genas guatemaltecos, por la situación de las poblaciones desplazadas, mayoritariamente mayas, y por las condiciones difí­ciles de los retornados y refugiados.

Las visitas

Las acciones de la comunidad internacional en materia de derechos humanos empezaron en febrero cuando Guatemala fue evaluada por el Comité Contra Todas las Formas de Discriminación Racial.

En marzo fue presentado el informe del Relator Especial del Derecho a la Alimentación.

Dos meses después el paí­s recibió la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

En junio se recibió la visita del Relator Especial para Pueblos Indí­genas.

En ese mismo mes sesionó en nuestro paí­s la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En agosto se recibió la visita del Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales.

Ya en septiembre, el Parlamento Europeo emitió una resolución urgiendo al Estado de Guatemala agilizar la extradición de militares involucrados en los delitos de genocidio.

Un mes después, en octubre, visitó el paí­s el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada

En noviembre visitó Guatemala el Relator Especí­fico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según Blanco, a nivel internacional existe preocupación porque los relatores visitan y hacen sus recomendaciones, pero no hay compromiso del Estado para dar solución a los problemas que detectan.

El Comisionado Presidencial refiere que la llegada de los altos comisionados responde a la polí­tica abierta que mantiene el Gobierno con los Relatores de Naciones Unidas, respondió.

Los ataques

De acuerdo con la CIDH, Guatemala es el segundo paí­s latinoamericano con más casos de ataques a defensores/as de derechos humanos (sólo superado por Colombia).

También ocupa el segundo lugar en casos que están siendo conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (solo superado por Perú), instancia ante la cual se siguen interponiendo denuncias, ya no solo en torno a casos del pasado sino en casos de la época reciente.

Asimismo Guatemala es uno de los tres paí­ses latinoamericanos con oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos (también existen oficinas en Colombia y México), apuntó Blanco.

Estas situaciones provocan que Guatemala siga estando presente en el debate internacional como un paí­s violador de los derechos humanos.

De esa cuenta, hay una solicitud y exigencia de diversos organismos de protección internacional hacia el Gobierno para que intensifique sus esfuerzos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos por parte de todas las autoridades y de las fuerzas armadas y de seguridad.

El enfrentamiento interno

Durante la época del enfrentamiento armado interno Guatemala llamaba la atención de la comunidad internacional por la multiplicidad de hechos de violencia y la polí­tica sistemática del Estado de violar los derechos humanos.

Las violaciones a los derechos humanos no solamente fueron una constante para la población, sino también sus dimensiones adquirieron un saldo trágico de ví­ctimas: 250 mil ví­ctimas mortales, 45 mil detenidos desaparecidos, millón y medio de desplazados internos, 80 mil refugiados, medio millón de huérfanos, cien mil viudas, son los números de la tragedia.

Eran preocupantes las repercusiones de las polí­ticas de violencia de que fue objeto la población civil durante más de tres décadas, sobrepasaron el sufrimiento de la privación de la vida, la privación de la libertad, la tortura fí­sica y psicológica, y alcanzan los niveles económicos, sociales, culturales y polí­ticos.

Dentro del nivel económico se encuentran los procesos de empobrecimiento.

En el área social sobresalen el grado de descomposición y la carencia de valores democráticos, en la mayor parte de la sociedad.

En los culturales la desarticulación de formas ancestrales de organización y convivencia de las comunidades indí­genas del pueblo maya.

Y en el nivel polí­tico destaca la polarización del pensamiento y la falta de tolerancia ideológica.

Con la firma de la paz en 1996, dentro de la comunidad internacional se despertaron expectativas de cambio y de reversión no sólo de las violaciones a los derechos humanos sino también de las causas que las originaron.

Existe un apoyo y acompañamiento internacional tanto para el proceso de democratización, para el cumplimiento de los acuerdos de paz así­ como para el fortalecimiento de una cultura de respeto de los derechos humanos. La preocupación, seguimiento y acompañamiento a la problemática de derechos humanos del paí­s no sólo es evidente sino además se ha manifestado en visitas al paí­s de diversos relatores y representantes de organismos regionales y universales de derechos humanos.

Asimismo, los diversos pronunciamientos tanto de gobiernos como de parlamentos que manifiestan la preocupación por el deterioro de los derechos fundamentales en el paí­s, acotó Blanco.

A pesar de que el Estado ha reconocido su responsabilidad en varios casos de derechos humanos y ha mantenido una polí­tica de apertura a las visitas de representantes de organismos de derechos humanos, es claro para la comunidad internacional lo reducido de los avances en materia del cumplimiento tanto de las obligaciones que tiene el Estado así­ como de las recomendaciones que se le han hecho, apuntó el analista del CIDH.

Existe particular preocupación por la indiferencia y poco avance en el cumplimiento de las recomendaciones que diferentes relatores han hecho.

Los cambios y avances presentados por los diferentes gobiernos resultan insuficientes ante las expectativas que se tení­an, sobre todo después de la firma de la paz.

Asimismo existe mucha expectativa sobre la forma en que el Estado responderá a la orden de captura internacional y solicitud de extradición de militares acusados por los delitos de genocidio, que fue solicitada por la Audiencia General de España, acotó Blanco.