El concepto de desertificación fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, Kenia en 1977. Este término señala la disminución o destrucción del potencial biológico que puede desembocar en definitiva en condiciones de tipo desértico, constituye un aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas y ha reducido o liquidado el potencial biológico, es decir, la producción vegetal y animal con múltiples fines.
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La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, empezó sus actividades con la aprobación del documento que contiene el texto de la declaratoria, el cual fue aprobado en 1994 y entró en vigor en 1996. Guatemala se adhirió a la Convención en mayo de 1998.
Las definiciones de desertificación han evolucionado desde 1977, pero es importante indicar que según lo aprobado por la Convención en 1994, es la degradación de tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Arba Dialio, jefe de la Convención de la ONU sobre el tema dice: «Si los países ricos no detienen el proceso de desertificación del planeta ahora, en el futuro tendrán que asumir cargas económicas de los refugiados, la inseguridad alimentaria y la ayuda humanitaria».
Se entiende por sequía al fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producciones de recursos de tierra.
Luchar contra la desertificación incluye las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tienen como propósito la prevención o reducción de la degradación de las tierras.
En Guatemala, como parte de los compromisos adquiridos al ser parte de la Convención, se han realizado actividades tales como el Diagnóstico Situacional sobre el Problema de la Desertificación y la Sequía. Para llevar a cabo esta actividad, se desarrollaron dos seminarios, uno en el departamento de Zacapa y el otro en el departamento de Huehuetenango. En el año 2000, se preparó el Informe Nacional sobre la implementación de la Convención en el territorio de la República de Guatemala.
Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, «la desertización no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad de bosques sostenibles y socioeconómicos son cruciales.»
Existe en Guatemala el Programa de Acción de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, aprobado en noviembre de 2001, el cual sería el instrumento cuyo propósito fundamental es luchar contra la degradación de la tierra y la mitigación de los efectos de la sequía, incluyendo su causalidad identificada detrás de la pobreza.
Los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Baja Verapaz concentran las zonas del país con mayor amenaza por desertificación y susceptibilidad alta a sequías.
Hasta el momento, Guatemala cuenta con políticas públicas ni legislación específica para la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía. Existe un espacio para la regulación de los aspectos ambientales referentes al problema de la desertificación, dado por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 Artículo 16 inciso «d», el cual establece que el Organismo Ejecutivo emitirá reglamentos relacionados con «la conservación, salinización, desertificación y arificación del paisaje, así como la pérdida de la transformación de la energía». Sin embargo, la jerarquía de este instrumento legal se estima que es baja para la magnitud de la problemática.
Es necesario, entonces, llevar a cabo estudios con mayor precisión para la caracterización de los recursos naturales y el ambiente, en las zonas amenazadas para desertificación y susceptibles a sequías que permitan relacionar el potencial del desarrollo socioeconómico, con el deterioro ambiental. Estos estudios permitirían jerarquizar o priorizar las zonas afectadas por desertificación y sequía, para planificar el tratamiento según su naturaleza, tales como restauración, recuperación, rehabilitación, conservación y manejo. Las áreas deben definirse y delimitarse en mapas de escala adecuada que permitan visualizar la problemática y la planificación de las acciones.