Abrir los archivos militares como lo prometió el presidente ílvaro Colom será para que el pueblo conozca las estrategias de terror que implementó la policí­a y los militares durante más de tres décadas, no resarcirá los daños ocasionados a millones de familias que perdieron sus seres queridos en las comunidades rurales y en las área urbanas, sin embargo auxiliará los móviles de asesinatos y pueden ser pruebas irrefutables para la persecución penal contra los responsables materiales e intelectuales de tanta barbarie. No es posible que el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), la declaración de las ví­ctimas, las condenas internacionales y las investigaciones objetivas no se investiguen por las autoridades judiciales y se permita más impunidad.

Necesitamos conocer cómo actuó el ejército y como clasificó la información que la policí­a les transferí­an sobre los quehaceres de maestros universitarios, estudiantes san carlistas, dirigentes sindicales, campesinos, religiosos y comunitarios, puesto que el Estado subordinó la policí­a al Ministerio de la Defensa para espiar las entidades gubernamentales y lo que hace cada ciudadano, pues de esa forma se obtení­an informaciones confidenciales para secuestrar y asesinar a personas opuestas a las decisiones militares. Asimismo, debe esclarecerse a profundidad las supuestas Polí­ticas de Seguridad del Estado que permitieron efectuar los planes «Fusiles y Frijoles», «Aldea Modelo», «Tierra Arrasada» y el «Plan Sofí­a» que Rí­os Montt estableció contra la insurgencia para recrudecer durante su corto mandato tantas masacres y matanzas extrajudiciales.

Aquellos chafarotes que cometieron delitos de lesa humanidad y practicaron el genocidio contra pueblos q´anjob´ales, quichés, kachiqueles, tzutujiles, ixiles y otros pueblos indí­genas, afirman haber actuado conforme la ley, eso es una farsa, sino alteraban y elaboraron estatutos dictatoriales. Esos militares que por hoy lideran y están infiltrados en las polí­ticas partidistas son los responsables de todo lo acontecido, pero descaradamente alguno está interesado en dirigir el paí­s donde la mayorí­a de los ciudadanos fuimos ví­ctimas del terror. Ojala «Nunca Más» volvamos a revivir esa brutalidad y se aplique la justicia contra los responsables como pasó durante los últimos años en Argentina, Perú y Chile, dónde los dictadores militares han sido condenados.

Que Rí­os Montt, señalado por genocidio por las masacres durante su gobierno de facto y Otto Pérez Molina, ex militar responsable de las estrategias castrenses y fundador de la Escuela Kaibil, señalan no asustarse por las informaciones secretas, eso indica estar protegidos por las leyes casuí­sticas del sistema, y como resultado de las mismas la «impunidad» danza a nuestro entorno con sobrado cinismo, tan es así­, que uno de los más crueles y perversos criminales, el general Chupina Barahona, quien recientemente falleciera, nunca fue procesado, pero fue despedido con salvas y honores, como quien dice: Muerto el impune y viva la impunidad.