Poco o casi nada es lo que diferencia a la mayoría de los gobernantes que a lo largo de 56 años de nuestra historia institucional reciente han usurpado el ejercicio del poder político y a los que se dice que lo han hecho en forma legítima. Su naturaleza y carácter le son comunes y, por su origen, en cierta forma, también.
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Doctrinariamente, hay quienes consideran que los gobiernos de facto son los que emanan de un acto de fuerza o de una elección fraudulenta. Mucho se discute acerca de la diferencia entre gobernantes que usurpan la gestión pública y quienes la detentan. En lo que se coincide es que usurpa quien gobierna mediante el uso de la fuerza y lo detenta quien lo hace en violación a la ley.
En consecuencia, es ilegítimo tanto el gobierno que usurpa el poder como quien lo detenta.
De acuerdo a lo que así se plantea, en nuestro caso, la gestión pública se caracteriza por la sucesión de gobernantes, en un primer momento, que son resultado de la intervención extranjera; y, después, por los golpes de Estado encabezados por militares o gobernantes castrenses impuestos mediante votaciones fraudulentas.
La llamada transición a la democracia, por su origen, naturaleza y carácter, es una ficción institucional.
A partir de la intervención norteamericana de 1954, el poder político en Guatemala, en un período de dos meses y once días (27 de junio – 8 de septiembre de 1954), fue usurpado por un gobernante en quien depositó el poder el presidente Arbenz Guzmán a raíz de su renuncia y por cuatro sucesivas juntas militares resultado y consecuencia de contradicciones entre los mandos de las fuerzas armadas y los cabecillas de las tropas mercenarias invasoras.
Por instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la embajada estadounidense y, más concretamente el embajador, John E. Peurifoy, era el que decidía y ordenaba a quienes poner y a quienes sacar de esas sucesivas cuatro juntas militares de gobierno.
El coronel Carlos Enrique Díaz, en quien el presidente Arbenz confió los destinos del país, duró en su gestión un solo día. El 28 de junio, por presiones del embajador Peurifoy, pasó a formar parte de la primera junta militar de gobierno integrada por otros dos coroneles (José íngel Sánchez y í‰lfego H. Monzón). Dos días después, el 30 de junio de 1954, fue sustituida por una segunda junta castrense constituida, también, por tres coroneles (í‰lfego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois). Usurpó el mando por cuatro días.
Del 3 al 7 de julio, detentó el poder una tercera junta militar de gobierno de la que pasaron a formar parte cinco coroneles (Carlos Castillo Armas, Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, í‰lfego H. Monzón y José Luis Cruz Salazar). Una cuarta junta de tres coroneles (Castillo Armas, que la presidió, í‰lfego H. Monzón y Enrique Trinidad Oliva) sustituyó a la anterior y detentó el gobierno del 7 de julio al 8 de septiembre de 1954.
A partir del 8 de septiembre de 1954 usurpó y detentó el poder político el coronel Carlos Castillo Armas, un gobernante impuesto mediante plebiscito a viva voz sancionado por la Asamblea Constituyente. El 26 de julio de 1957 fue asesinado en Casa Presidencial.
El 27 de julio de 1957 le sucedió en el cargo, en forma provisional, el licenciado Luis Arturo González López. En un intento por salir de la crisis institucional y de gobierno y a raíz de las fraudulentas elecciones mediante las que el oficialismo pretendió imponer a su candidato y como consecuencia de las movilizaciones conocidas como de las bicicletas, González López fue destituido el 24 de octubre de 1957 y se integró una junta militar de tres coroneles (í“scar Mendoza Azurdia, Roberto Lorenzana Salazar y Gonzalo Yurrita Nova).
A esta igualmente efímera junta (detentó el poder durante sólo tres días), se le obligó a entregar el gobierno al coronel Guillermo Flores Avendaño en su condición de designado a la presidencia. Flores Avendaño usurpó el cargo del 27 de octubre de 1954 al 2 de marzo de 1958. Convocó a elecciones en las que resultó electo el general Miguel Ydígoras Fuentes. Ydígoras Fuentes ejerció el cargo del 3 de marzo de 1958 al 30 de marzo de 1963. Fue depuesto por un golpe militar.
Inmediatamente después del golpe militar del 30 de marzo de 1963, se inicia el siguiente período de la crisis institucional continuada para, enseguida, el 14 de enero de 1986, dar paso al que se prolonga hasta hoy. A uno y a otro, me referiré el miércoles de la próxima semana. http://ricardorosalesroman.blogspot.com/