Desea el control


Petición. Nuri al Maliki (D), presidente iraquí­, y Abdul Qadir (I), su ministro de Defensa, ofrecieron declaraciones hoy sobre las empresas privadas de seguridad. Al Maliki pidió a Blackwater que se retire del paí­s. (AFP / La Hora)

Irak anunció hoy que ha decidido controlar estrictamente a las empresas de seguridad privadas después de haber acusado a la más conocida, Blackwater, de «crimen deliberado» por un tiroteo que dejó 17 muertos en Bagdad hace tres semanas.


En declaraciones a la prensa, el portavoz del ministerio del Interior de Irak, el general Abdel Karim Jalaf, explicó que pronto una ley impondrá «estrictos mecanismos de control» a esas empresas que han proliferado desde la invasión norteamericana de marzo de 2003.

Esta iniciativa tiene lugar mientras inspectores del FBI (policí­a federal de Estados Unidos) tratan de investigar en Bagdad lo que sucedió durante el tiroteo del 16 de setiembre, al paso de un convoy diplomático por la capital.

El FBI también investigará las actividades de Blackwater, involucrado en unos 200 altercados en Irak.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, cuya seguridad es responsabilidad de Blackwater, se negó el lunes a indicar las medidas que se tomarí­an en respuesta a la severa acusación del informe de la investigación iraquí­ publicado el domingo.

Las autoridades iraquí­es exigieron que los culpables sean entregados a la justicia iraquí­.

«Esta cuestión y otras serán discutidas por la comisión conjunta en el marco de su trabajo», indicó la portavoz de la embajada, Mirembe Nantongo, aludiendo a la primera reunión de una comisión estadounidense-iraquí­ el domingo.

El general Jalaf recordó que las autoridades iraquí­es habí­an decidido poner orden en las filas de las compañí­as de seguridad, que cuentan con miles de empleados en Irak.

Estos elementos, que son considerados como mercenarios por los iraquí­es, constituyen el segundo contingente armado en Irak, según las tropas estadounidenses.

Se ocupan de misiones de protección de diplomáticos y de altos funcionarios, y son acusados de actuar con arrogancia y brutalidad.

«Nosotros hemos colocado a esas empresas de seguridad bajo el control del ministerio del Interior», sostuvo el general Jalaf ante la prensa.

«Hemos instaurado mecanismos estrictos de control para esas empresas y sobre la manera que actúan en la calle», añadió.

Destacó que se discutirá una ley en el Parlamento para establecer las reglas de funcionamiento de dichas compañí­as.

El domingo, un comunicado del portavoz del gobierno, Ali al Dabbagh, anunció que la investigación lanzada el 22 de septiembre por las autoridades iraquí­es habí­a establecido que «las ví­ctimas del tiroteo son 17 muertos y 22 heridos».

El anterior balance de una fuente de un hospital señalaba diez muertos.

«Blackwater violó todas las reglas de apertura de fuego y de uso de la fuerza. Lo que ellos hicieron es un crimen deliberado y deben ser castigados según la ley iraquí­», indicó dicho comunicado.

«No hay ninguna indicación de que Blackwater haya sido blanco de tiros directos o incluso indirectos. Ni siquiera una piedra fue lanzada contra el convoy», afirma dicho texto.