Desde el domingo 9 me encuentro en Tegucigalpa junto con una Misión Internacional para la Observancia de los Derechos Humanos. Una misión que está permanente y que durante esta semana está integrada por hombres y mujeres de diversas nacionalidades de Europa y América.
Durante nuestra estadía hemos recogido testimonios de la población hondureña que participa en las manifestaciones a favor de la restitución del presidente Manuel Zelaya. Las y los participantes son personas organizadas, y otras que no pertenecen a ningún colectivo, pero se sumaron a ésta porque consideran que fueron beneficiadas con su gestión.
Las organizaciones, principalmente de mujeres, han empezado a realizar un trabajo de recopilación de denuncias en las comunidades, por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Como comenté en la última columna, existen denuncias de mujeres abusadas y violadas por el Ejército, y según las entrevistas que realizamos, fue a través de los pocos medios en Honduras que no apoyan el golpe de Estado, que algunas mujeres denunciaron públicamente estas agresiones.
Existen dos medios de comunicación -una radio y una televisora- de carácter comercial y que son propiedad de empresarios de ese país, pero que no apoyan el golpe, que han sido los canales a través de los cuales la población se ha enterado de la situación de los hechos de violencia y del rechazo internacional al golpe, que el resto de medios del país han venido ocultando.
A estos dos medios de comunicación se les ha prohibido la entrada a Casa Presidencial en los momentos que el gobierno de facto ha ofrecido conferencias.
Ayer se realizó una movilización en la que llegaron a la capital en tres bloques de unas cinco mil personas cada uno, que venían desde diversos puntos del país. Algunas de ellas expresaron que llevaban cinco días de estar caminando, y que venían en bus y fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, por lo que optaron por seguir andando.
Una dirigente de la organización campesina COPINH, denunció que existen comunidades donde el Ejército está haciendo reclutamiento forzoso de jóvenes, lo cual interpretan como un grave retroceso, debido a que desde 1992 se había logrado eliminar el servicio militar obligatorio.
A la fecha se registran más de una decena de personas asesinadas, según las organizaciones, como resultado de la represión del gobierno de facto. El departamento con más refuerzo militar y donde se señala que se han cometido abusos por parte del Ejército ha sido El Paraíso, cercano a la frontera con Nicaragua, donde se encuentra un campamento que se instaló como medida de presión del mismo presidente Zelaya para lograr su retorno al país y al Ejecutivo.
Posiblemente hay lectores que no darán crédito a todos estos hechos, pues la realidad que se presenta en otros medios nacionales e internacionales puede ser diferente, porque no registra los testimonios de la población y de las organizaciones que han llegado a las zonas donde los medios no han llegado.
En tanto, de lo que mis ojos pueden dar fe es de un ambiente de tensión muy fuerte. Esto se evidencia con un constante acoso militar y policial a la población que se moviliza, a través de retenes, helicópteros sobrevolando, cercos militares en casa presidencial y soldados con rifles subidos en colinas, que por su posición con respecto a los manifestantes sugieren que pueden asumir una posición de francotiradores.
La jornada de ayer terminó con disturbios que pueden atribuirse a los manifestantes o personas -que dicen las organizaciones- están infiltradas. Independientemente de eso, hay jóvenes y mujeres que nos señalaron que están llenos de ira, luego de 45 días de movilizarse sin obtener soluciones que reviertan el golpe de Estado. Esto advierte del riesgo de un brote de violencia mayor si el gobierno de facto no permite volver al orden constitucional.