El asesinato a tiros del abogado Rodrigo Rosenberg ha hecho salir a las calles a la sociedad guatemalteca a pedir justicia, en un paí­s donde el 98% de los crí­menes quedan en la impunidad, según Naciones Unidas.

Ante la crisis, la cúpula empresarial se declaró en «asamblea permanente», aunque ha llamado a «evitar la confrontación y mantener el Estado de Derecho», debido a las masivas manifestaciones rivales del domingo, una a favor del Presidente y otra para exigir su destitución.

Asimismo, los gremios de empresarios exigieron al fiscal general, Amí­lcar Velásquez, establecer una fiscalí­a especial que «investigue los graves señalamientos y denuncias formuladas en este caso sobre funcionarios, entidades y personas, con el objeto de asegurar total transparencia en su trabajo».

Paralelamente, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala (Ascabi), que aglutina a más de 1.300 empresas extranjeras, pidió que se «esclarezcan» las acusaciones de Rosenberg, permitir «la confianza en el marco legal y sus altas autoridades».

La inseguridad en Guatemala, que se cobra una media de 17 muertos diarios, supone una lacra cada dí­a más pesada para las empresas y encarece sus costos operativos entre un 10 y un 20%, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco.

«La coyuntura actual es suficientemente grave para paralizar proyectos de largo plazo inclusive para suspenderlos», enfatizó.

En ese mismo sentido se pronunció la Unión Europea y la Premio Nobel de la Paz 1992, la lí­der indí­gena guatemalteca Rigoberta Menchú, que pidieron al gobernante brindar todo el apoyo a la investigación del crimen, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, avalada por la ONU.

Colom está inmerso en el peor escándalo de la historia reciente del paí­s, luego de que el 11 de mayo se divulgara un ví­deo póstumo de Rosenberg, en el que acusa al mandatario de ordenar eliminarlo.

Ayer, insistió en su inocencia durante un acto con familiares de ví­ctimas del conflicto armado en Guatemala de 1960 a 1996.

«Ojalá esto (la acusación) se resuelva pronto y se va a resolver pronto. Esto es parte de los enemigos de este gobierno», dijo Colom, para quien los sectores que lo acusan están desarrollando una «politiquerí­a barata».

En la cinta grabada tres dí­as antes del asesinato, el abogado, de 48 años y padre de cuatro hijos, responsabiliza de su segura muerte a Colom; a la primera dama, Sandra Torres; al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos; y a un prominente empresario que financió la campaña electoral del mandatario.

Desatado el escándalo, un grupo de jóvenes comenzó a convocar por medio de redes sociales de internet, a manifestarse frente a Casa Presidencial, y el domingo una marcha aglutinó a más de 50 mil personas en demanda de justicia.

«Es evidente que el gobierno actual ha entrado en una crisis muy próxima al caos total, y me siento sumamente preocupado de ver el rumbo que toma la situación», consideró el reconocido pastor evangélico Harold Caballeros en mensajes pagados en los medios.

Para Caballeros, que intentó competir en las elecciones presidenciales de 2007 sin lograrlo, la única salida para «mantener la viabilidad de Guatemala es la refundación del Estado».

En tanto, Estados Unidos y el Grupo de Rio (formado por más de 20 naciones latinoamericanas) expresaron su apoyo a Colom.

El jueves se espera la llegada al paí­s del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien pretende ayudar a encontrar una solución a la crisis.