La aprobación del punto resolutivo propuesto por el Partido Republicano Institucional (PRI) que exhorta a los organismos de Estado a una reconciliación nacional y niega el genocidio pudo detectarse hace dos semanas atrás cuando se incluyó en la agenda del Pleno.

Sin embargo, no fue posible porque los jefes de bloque se encontraban pendientes de otras normativas.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), dijo que el punto resolutivo que niega el  genocidio durante el enfrentamiento armado interno fue un “grave error” debido que se prestó la atención a otras normativas pendientes entre las que se encontraba la Ley de Inversión y Empleo.

“Pusieron el punto resolutivo y nadie preguntó sobre el contenido. No lo dieron a conocer y nosotros –EG– hasta ayer nos dimos cuenta luego de que salió a la luz –en el Pleno– pero nunca antes se mencionó. Son cosas que nos sorprenden ya que no tienen ninguna fuerza coercitiva legal”, indica Montenegro.

El analista Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), dijo que los jefes de bloque debían haber puesto interés al punto resolutivo, ya que es algo que viene a “abrir heridas” y por tanto no deben justificarse de no tener conocimiento.

Castillo indica que llama la atención que la propuesta por el PRI se conoció después de la elección del nuevo jefe del Ministerio Público (MP), lo que refleja “por todos los medios posibles” que se continúe con el juicio por genocidio.

“Este punto resolutivo es un llamamiento para que el Organismo Judicial (OJ) se olvide del tema –genocidio– pese que es inconstitucional porque los poderes de Estado no pueden dar instrucciones entre sí”, acotó.

El ponente del punto resolutivo, Luis Fernando Pérez, dice que su propuesta tiene como fin la “pro de la reconciliación. Si Guatemala sigue segmentada, no lograremos sacar adelante al país”.

ACCIONES EN CONTRA
Edgar Pérez, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), dijo que estiman que los diputados pudieron incurrir en el ilícito de resoluciones violatorias a la Constitución y por ello analizarán a profundidad la acción, ya que reconoce que el punto no es vinculante, sino únicamente una opinión de los parlamentarios, que al final, atenta contra la independencia judicial.

En este sentido, Nery Rodenas, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), indicó que también analizan interponer un amparo o antejuicio en contra del punto resolutivo que exhorta a los organismos del Estado para la reconciliación nacional.

PENDIENTE DICTAMEN
La agenda del Pleno del Congreso mañana tiene previsto discutir en primer debate el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de la Desaparición Forzada y Otras Formas de desaparición, iniciativa 3590.