Tras meses de discusión en mesas de diálogo y el reciente enfrentamiento entre autoridades de PNC y pobladores de San Rafael, expertos opinan sobre el impacto social y ambiental de la minería en el país y las razones del porqué no se prevén los conflictos y se toman acciones previas a estos incidentes.

Miguel Ángel Balcárcel, comisionado para el Diálogo, observa que en los procesos locales hace falta información sobre los proyectos mineros.

“Las personas desconocen los motivos y piensan que un proyecto afectaría, pues no tienen la menor idea de cómo operan, qué significado tiene en la comunidad; es decir, falta mucha información y esto se presta a tergiversaciones de la materia más sustantiva”.

Para Balcárcel, los pobladores gozan del derecho a la resistencia, pero deberían estar mejor informados de los proyectos para que dicha resistencia posea sentido, carácter y legitimidad.

Para Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social CALAS, el problema radica en el interés que tiene el presidente Otto Pérez Molina con los dueños de las empresas de explotación minera.

“Esto es causa del interés económico que tiene el Presidente hacia estos proyectos mineros, no son intereses de Estado sino intereses personales”, manifiesta.

El año pasado el grupo Garante de los Derechos Humanos, denominado G4, habría mostrado su preocupación por conflictividad social que existe en nuestro país debido a la falta de respuesta de parte de las autoridades de gobierno.

“La Usac, las iglesias Católica y Evangélica y la PDH, le advirtieron a Otto Pérez sobre el clima de conflictividad minera en el país, es obvio que como debe responder a los intereses de las empresas mineras, busca dejar el camino libre para que puedan actuar aún en contra de los derechos de los pobladores”, explica Maldonado.

Para el representante de CALAS, el gobierno ha fallado en cuanto a la prevención de estos conflictos porque antepone los intereses particulares sobre los de Nación.

Finalmente, Rafael Maldonado indica desconocer si se han establecido mesas de discusión para tratar este tema y considera que el Ejecutivo ha impuesto los proyectos en esas comunidades.