Obviamente el poderí­o de la empresa cementera se observa no sólo en esa extraordinaria capacidad de movilización de la fuerza pública, en proporción que no tiene precedentes ni siquiera cuando se ha tenido que entrar al desprestigiado Barrio El Gallito, no digamos cuando se trata de ejercer control sobre pandillas en las llamadas zonas rojas, sino en la forma en que los medios de prensa ocultaron la información sobre el particular. Coincidentemente el silencio fue la norma en el trato de una noticia cuya importancia estriba en la masiva presencia de fuerza pública.

En el fondo, pareciera que la intención del operativo, además de intentar la captura de ocho personas, era la de amedrentar a los pobladores para que sepan que la cementera no está sola en su decisión de habilitar una planta en el lugar. Si fueran terroristas con armas de altí­simo poder y de destrucción masiva, se hubiera justificado un despliegue de tal envergadura que demuestra cuán diligente es el Gobierno para proteger determinados intereses y para enviar mensajes claros y contundentes a la población. Las mujeres gritaban a policí­as y soldados que no eran delincuentes, que no habí­a razón para ese despliegue de fuerza, pero nadie puede negar el efecto intimidatorio que tuvo un operativo de esa magnitud.

Ayer el Cardenal pedí­a que el tema de San Juan Sacatepéquez fuera resuelto por la ví­a del diálogo y pidió a las partes su mejor disposición. He dicho y lo sostengo, que desafortunadamente la falta de respuesta del Estado a las peticiones populares es lo que provoca esa tendencia a las medidas de hecho porque en Guatemala el que no llora no mama. Si el ciudadano agota los procedimientos administrativos o judiciales, pero no «aceita debidamente la maquinaria», nunca recibe respuesta. En cambio, el que tiene para «incentivar» al funcionario, encuentra pronta respuesta, aunque ello signifique realizar una movilización que ni siquiera en los tiempos de ofensivas bélicas durante el conflicto armado interno se dieron en tal dimensión.

Entonces el que no tiene recursos para «aceitar esa vetusta maquinaria» y para dirigir en su beneficio la información y las noticias, tiene que recurrir a las medidas de hecho como contrapeso y para que se le ponga atención a su reclamo. Esa realidad es obvia, pero quedó mucho más en evidencia con los sucesos de San Juan Sacatepéquez porque el desplante fue insolente. Podemos extrapolar la historia a toda la geografí­a nacional y por ello es que sostengo que es paradoja pedir respeto al estado de derecho cuando es un campesino el que protesta, mientras que en general admitimos que en Guatemala no existe ese estado de derecho, no se aplica la ley con justicia ni opera el régimen de legalidad. Pero para acallar una protesta siempre decimos que se sometan a la ley, al respeto a una institucionalidad que, en el fondo, no es sino un pretexto para asegurar la injusticia.