«Luchar contra la impunidad y la inseguridad son retos que Guatemala ya no puede postergar». (OACNUDH. 2010).
La intención de los diputados del Congreso Nacional que quieren denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José con la idea de renovar la aplicación de la pena de muerte en el país, está provocando reacciones adversas y rechazo tanto de organizaciones de derechos humanos y sociales, como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH. Esa propuesta de algunos diputados es un total desatino, tanto de los ponentes como de los otros que apoyan, advierto que aprobar esa intención significa un retroceso para el país, para la institucionalidad del Estado ya bastante débil y para la consolidación de la incipiente democracia que se supone se está construyendo, luego del fin de las dictaduras militares y de la firma de Acuerdos de Paz.
Si la iniciativa mencionada llega a aprobarse, sería un grave retroceso en materia de derechos humanos y sin duda traerá consecuencias políticas para Guatemala. En estos tiempos, la tendencia mundial es contraria a la pena de muerte, la mayor parte de países en el mundo la han abolido, la han eliminado de su legislación, es decir, mientras que en la mayoría de países está desapareciendo como castigo o pena máxima, en Guatemala algunos políticos jurásicos quieren revivirla, volver al pasado y situarnos como una Nación de barbarie y de incivilizados.
Aceptar ese tipo de propuestas significaría desandar los pocos avances logrados en el respeto de los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional y en los espacios internacionales que en esa materia Guatemala ha ganado, sólo por mencionar algunos ejemplos, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas.
El promotor de esa iniciativa es un político conservador que ignora que la ciencia ha demostrado que la pena de muerte no persuade al delincuente, que al aplicarla no se detienen ni disminuyen los crímenes. Además que no debe autorizarse al Estado y sus agentes para que la apliquen. Salir con ese tipo de iniciativas es ocultar la realidad, es restarle importancia a la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida, seguridad, integridad y bienes de las personas mediante aparatos de seguridad profesionales, capaces, confiables, respetuosos del estado de derecho. La violencia existente es en parte debido a las condiciones y problemas estructurales sin resolver, por tanto los congresistas deben enfocarse en aprobar leyes claves de seguridad y justicia y no levantar cortinas de humo. De la misma manera, pretender la creación de tribunales con jueces sin rostro es violar derechos humanos e impulsar una ley antimaras, es discriminatorio y un estigma para el segmento de población adolescente y juvenil.
En Guatemala tenemos suficiente historia de violencia, abusos y violaciones a los derechos humanos y sabemos que muchos agentes del Estado todavía continúan haciendo ejecuciones extrajudiciales. La pena de muerte estimula la cultura de violencia, algo que no es aconsejable para una sociedad que viene de un conflicto armado interno y que se supone debe construir cultura de paz.
P.S. Condeno la cobarde y abusiva agresión cometida en contra del presidente Rafael Correa de Ecuador, el intento de golpe de Estado y la sublevación de policías nacionales.