Las viejas diferencias, exacerbadas en 1954, resurgen con todo vigor en el marco del debate por la ley de Desarrollo Rural que es impulsada por amplios sectores de la sociedad pero objetada radicalmente por los empresarios que la ven como una ley de reforma agraria que pone en peligro el derecho de propiedad. La verdad es que el articulado de la ley sí contempla modelos de distribución de la tierra, pero en el marco constitucional no puede haber ninguna expropiación confiscatoria ni arbitraria, por lo que resulta exagerada la oposición de los sectores más conservadores del país.
Guatemala necesita, así como se oye, una ley de Desarrollo Rural que sirva de palanca para promover mejores condiciones de vida que eliminen no sólo la extrema pobreza, sino que faciliten la lucha contra la desnutrición que sufre la mayor parte de nuestra población. El modelo de desarrollo actual no funciona y la mejor prueba está en dos factores que no se pueden soslayar: somos un país con desnutrición tremenda y exportamos a nuestro recurso humano porque no hay condiciones en el país para darle oportunidades a quienes quieren trabajar y producir. Esas dos verdades son irrefutables y por lo tanto sirven para demostrar sin lugar a dudas que el marco del modelo de desarrollo actual, basado en la concentración de recursos para esperar que vía el derrame la riqueza proyecte bienestar eventualmente a los más pobres, no ha sido exitoso.
El Presidente de la República está explicando que la ley de Desarrollo Rural no es una ley de reforma agraria y que, al contrario, pretende asegurar la propiedad dando certeza jurídica a los poseedores de la tierra. No es secreto ni tampoco se puede refutar, que vivimos en un país donde existe un régimen legal que no funciona apegado a derecho sino a otros factores e intereses y por lo tanto el despojo ha formado parte de las formas de adquisición de tierra. Terminar con esas inseguridades e incertidumbres es importante para alentar el desarrollo integral en las áreas rurales y es lo que se busca con la legislación en debate.
La postura de quienes dicen que la ley no procede porque ya la Cámara del Agro y el CACIF expresaron su oposición sin ser tomados en cuenta es muestra de la arrogancia de quienes creen que son los únicos que deciden en el país. Hay muchos sectores que tienen voz y voto sobre el futuro de Guatemala y es tiempo de que entendamos que no hay dueños de Guatemala.
Polarizar y radicalizar posturas sólo lleva a revivir fantasmas de enfrentamiento y confrontación. Es momento de madurez cívica para debatir sin aspavientos.
Minutero:
Por el desarrollo rural
se revive el enfrentamiento
que trajo tanto sufrimiento
y aquella violencia brutal