Durante 36 años de guerra interna, los guatemaltecos conocieron y vivieron la crudeza de las desapariciones forzadas, ejecutadas principalmente por las fuerzas estatales con motivos políticos, pero la tragedia aún no termina… en la actualidad, migrantes indocumentados con destino a los Estados Unidos son blanco de grupos criminales organizados, que han hecho del secuestro y la desaparición un negocio millonario.

Blanca de Hernández perdió a su hijo mayor, Óscar David Hernández Quiroa, en 1984, durante una de las etapas más cruentas de la guerra interna que azotó a Guatemala por más de tres décadas y media. Con lágrimas en los ojos dice que, aunque ya pasaron casi 30 años del suceso, aún recuerda el día de la desaparición como si hubiese sido ayer.

En el momento del secuestro, Óscar David tenía 22 años y era padre de un niño de apenas 12 meses; fue detenido el 23 de febrero de 1984, aparentemente por miembros de la inteligencia militar y del Departamento de Investigaciones Técnicas del Ejército, en la 16 calle y Avenida Elena de la zona 1 de la capital, a escasas cuadras de la estación central de los Bomberos Voluntarios, donde trabajaba.

Fue a las 6:45 de la mañana cuando las fuerzas estatales detuvieron a David con violencia; otro bombero también fue capturado, pero logró escapar y esconderse de los captores. Desde entonces, el relato de su compañero de trabajo es lo único que se sabe acerca del joven, pues nunca se rindieron informes oficiales referentes a la detención y aun ahora se desconoce su paradero.

Blanca cree que capturaron a su hijo porque en ese tiempo “el que pedía un salario mejor y digno, o una tortilla más, o mejores condiciones de vida y de trabajo” era un enemigo del Estado, a quien se le veía como un delincuente, subversivo o terrorista.

Continúa manifestando que a las personas que querían un mejor país se les consideraba enemigas del Gobierno, por lo que cree que su hijo “tenía que ser quitado de en medio”. “Era el acto más aberrante que pudieron haber cometido las autoridades en ese tiempo”, dice Blanca.

Sin embargo, el flagelo de la desaparición forzada no solo es un recuerdo de la guerra, sino un martirio de la actualidad. Las desapariciones todavía afectan a miles de personas, incluidos cientos de guatemaltecos, que son blanco de las actividades de grupos criminales organizados que operan en complicidad o con la permisividad de las autoridades o estructuras inmersas en los Estados.

Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), las causas del fenómeno de la desaparición forzada han evolucionado, pues  “ya no se da por razones políticas, sino más bien como una práctica en donde se ve involucrado el crimen organizado, y no el Estado como tal”, aunque puede haber una vinculación entre éstos actores.

Polanco estima que las desapariciones se reportan principalmente en México y la mayoría de víctimas son migrantes, quienes son detenidos y sometidos a tratos crueles por los grupos criminales si no acceden a sumarse a sus organizaciones; por otro lado, contactan a las familias en Guatemala y les exigen importantes sumas de dinero para la liberación de sus seres queridos.

De acuerdo con el Estatuto de Roma –al que Guatemala se encuentra adscrito-, por “desaparición forzada de personas” se entiende “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

En diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas  decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; en Guatemala, la fecha cobra un matiz especial, por el pasado y el presente de ese flagelo.

MARTIRIO ACTUAL

Aunque las nuevas modalidades de desaparición forzada no encajan con exactitud en el concepto establecido en el ámbito de derechos humanos, el involucramiento de las fuerzas estatales o su permisividad en los hechos, y la impunidad en los casos denunciados, es lo que el crimen hace que se encasille en esa categoría.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica que la desaparición forzada fue uno de los métodos que utilizó el Estado en la política de “guerra sucia” y “contrainsurgente” durante la guerra interna y cree que ese antecedente está vinculado a los sucesos del presente, porque, aunque hay otros actores –como el crimen organizado y el narcotráfico–, los métodos para ejecutar los crímenes son  muy similares.

Asturias indica que el mecanismo de la desaparición forzada es una herencia del pasado y hoy lo aplican algunas estructuras criminales al igual que en la guerra; por eso, señala que en la actualidad se debe contemplar una tipificación delictiva adecuada y una acción decidida del Estado para combatir la impunidad, y así evitar que esas prácticas se extiendan en el país en el futuro.

Uno de los sucesos de mayor impacto fue el asesinato de 72 migrantes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa al interior de un rancho en inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, en México, en agosto de 2010. Entre las víctimas se encontraban varios guatemaltecos que intentaban llegar a los Estados Unidos.

En esa ocasión, un testigo, quien pidió no ser identificado y, declaró ser un indocumentado de origen ecuatoriano que logró escapar, aseguró que él y un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades viajaban de ilegales rumbo a Estados Unidos y en un rancho fueron interceptados por delincuentes que dijeron pertenecer al grupo delictivo de los Zetas.

Les ofrecieron trabajo como sicarios, y como se negaron, se dio la orden de asesinarlos a todos. El hallazgo de los cuerpos generó un impacto importante, que reabrió el debate de la vulnerabilidad social ante las nuevas formas del crimen.

Estas actividades significan millonarios ingresos para los grupos criminales y a la vez, el fortalecimiento de sus estructuras operativas.

El Director del CEG señala que el tema de las migraciones tiene tres connotaciones importantes en Guatemala, que es el país de origen, de tránsito y de destino para la movilidad humana. Por eso se le considera un área estratégica para la operación del crimen organizado, que no respeta ni fronteras ni estructuras estatales, o bien, se involucra con éstas.
 
En esa línea, indica que se deben de crear mecanismos de Estado para la protección de los migrantes; “es importante legislar en favor de los migrantes en función de un mejor trato, con políticas de protección a la vida y de derechos fundamentales”, señala.
 
Elizabel Enríquez, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), señala en principio que la migración –en la mayoría de casos– es forzada, “y a partir de eso, lo que le sucede a las personas en su trayecto hacia los Estados Unidos, casi siempre son envueltas en actos en contra de su voluntad por los grupos criminales”.

Enríquez dice que en el caso de las personas que desaparecen, existen cifras no cuantificadas muy elevadas de migrantes centroamericanos, principalmente que han desaparecido en su tránsito por México; no obstante, señala que “en Guatemala también están sucediendo este tipo de vejámenes, como la desaparición y detención, pero principalmente de personas centroamericanas, de quienes sus familiares tienen como referencia Guatemala, el último país en donde se reportaron”.

En este momento se dice que para el crimen organizado los migrantes no son rentables para el secuestro, debido a las precarias condiciones de vida de sus familiares, sino que se les califica como “mercancías” que pueden fortalecer sus redes, obligándoles a cometer delitos o como un tipo de canje o de presión que pueden ejercer a los Estados, declara Enríquez.

¿VUELTA AL PASADO?

Según Aura Elena Farfán, de la Asociación Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la desaparición forzada fue y es una de las más deleznables y más dolorosas formas de violación a los derechos humanos.

“Son miles de hogares guatemaltecos que sufren la desaparición de uno o más familiares, pues se contabilizan más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en el país durante el conflicto armado interno”, indica la activista.

Farfán dice que el perfil de las personas desparecidas en esa época destacaba por sus ideales firmes y sus convicciones sobre la necesidad de un cambio al sistema; muchas eran personas honorables, honestas y solidarias, líderes que levantaban la voz en sus comunidades o cooperativas, aunque también había sindicalistas, profesores y estudiantes universitarios, manifiesta.

Señala que los departamentos más impactados por este fenómeno fueron Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango, Petén, Cobán, Alta y Baja Verapaz y la Ciudad Capital.

Farfán reconoce que las desapariciones continúan con otro tipo de prácticas de violencia, aunque se trata de causas diferentes a las de años atrás; “no es del pasado, el pasado sigue siendo presente porque estamos quienes buscamos a nuestros seres queridos”.

Finalmente advierte que en Guatemala podría crecer el problema y salirse por completo de las manos de las fuerzas de seguridad, si no se toman acciones preventivas para fortalecer al Estado y desarticular a los poderes paralelos, que en el pasado también sembraron el terror entre la población.