Durante 36 años de conflicto armado interno, los guatemaltecos conocieron y vivieron la crudeza de la desaparición forzada, ejecutada principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado por motivos políticos. Sin embargo, la tragedia no termina en la actualidad, pues miles de familias aún esperan que el ser querido que perdieron en el pasado toque a su puerta.

El 8 de marzo de 1984, a las 11 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en la residencia de Luz Haydée Méndez Calderón, en la 3ª. avenida colonia San Francisco, zona 6 de Mixco, después de catear casa por casa en toda la cuadra.

Tras el allanamiento, a Haydée la encerraron en una habitación, donde la golpearon, torturaron e interrogaron, recuerda con profundo dolor Marcia Méndez, hermana de la víctima.

Nadie se percató que momentos después los hijos de Haydée llegarían del colegio y entrarían a la casa cuando estaba sucediendo el asalto; los hombres permanecieron 48 horas en el lugar y durante ese lapso los niños sufrieron los mismos vejámenes que le hicieran a la mujer.

Los niños Igor, de  11 años y  Wendy, de 9 años, vivieron  la  pesadilla  de ver a su madre golpeada, a quien luego se llevaron herida. “Ella les gritó «sean fuertes» y esas fueron sus últimas palabras” para la familia, agregó la hermana.

“La detención de Luz Haydée cambio nuestras vidas por completo; nunca volvió a ser lo  mismo con lo ocurrido en la familia”, dice Marcia. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí.

Luego, en 1985, el 8 de diciembre, al escuchar las noticias en una radio los bomberos reportaban que se había encontrado a Roberto Méndez Calderón, otro de mis hermanos asesinado, agrega la entrevistada. “La familia lo reconoció en la morgue golpeado y con el tiro de gracia”.  

“Mi madre me dijo «ya perdí dos hijos, por favor ya no haga nada, no quiero que  le pase algo y no quiero perder otro hijo»”, cuenta Marcia. “Ella falleció hace ocho años y se fue con el dolor de no encontrar y que no regresara a casa Luz Haydée. Nunca apareció entre los vivos ni muertos, aún la consideramos detenida ilegalmente”, recuerda con pesar.

La búsqueda por Luz Haydée tardó varios meses, que luego se convirtieron en años de una averiguación sin resultados. Próximamente se cumplirán 30 años de “un camino espinado y escabroso” que decidieron caminar, junto a otras compañeras, cuenta Marcia, pues reconoce que miles de guatemaltecos fueron arrancados  de sus hogares y sus familiares aún les esperan, como sucede en su caso particular.

Como ésta, hay miles de historias de familias guatemaltecas que han sufrido la desaparición de un hijo, hermano, padre, madre, amigo o cualquier otro familiar, lo que les ha cambiado la vida por completo.

Para muchos, el 30 de agosto es un día normal, pero para estas familias es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el que suman esfuerzos para crear mecanismos de búsqueda de sus familiares.

El informe del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) registró un total de 3,893 víctimas de desaparición forzada en Guatemala y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reportó 6,156 casos de este tipo durante el conflicto armado interno.

Sin embargo se estima que la cifra podría superar los 45 mil casos de víctimas, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de personas no presentaron denuncias ante estas comisiones.

PREVALECE LA IMPUNIDAD

Mynor Alvarado, asesor legal del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), indica que detrás de cada una de las víctimas de desaparición forzada hay una familia que también fue perjudicada y merece saber la verdad sobre el paradero de su ser querido.

Alvarado señala que los juicios realizados por este delito hasta el momento suman únicamente 6 condenas, que comparado con las 45 mil víctimas de desaparición forzada, resultan siendo “una nada”.

Las familias quedaron dañadas por ese delito que es pluriofensivo y de múltiple afección, pues la desaparición en el conflicto armado conducía inevitablemente a la muerte de las víctimas, pero no se tiene total certeza de esto en todos los casos, señala.

Alvarado explica que en un momento se presentaron recursos de exhibición personal, pero la mayoría se conocieron en los periodos más álgidos del conflicto armado interno, cuando el Gobierno de turno, en su mayoría de corte militar, tenía a su disposición el sistema judicial, por lo que no prosperaba la investigación y mucho menos la individualización de los responsables.

“Quedó todo tapado con un manto de impunidad, en su mayor parte propiciado por el Ejército, que tenía a su servicio el sistema judicial que no permitió que se investigaran los casos de desaparición forzada”, indica Alvarado.

Cerca de 25 o 30 años se ha tenido que esperar para poder individualizar a algunos responsables. “Es entonces una deuda de la justicia con las víctimas del conflicto armado interno; el Estado mismo tiene una deuda para la sociedad, ya que ningún gobernante ha podido asumir una actitud responsable ante la problemática de la desaparición forzada”, añade.

A criterio del entrevistado, no se puede tener un futuro de paz, desarrollo o tranquilidad, si el Estado no puede aún explicar dónde están los miles de desaparecidos, y explica que por eso Guatemala está anexada a su pasado y presente violento. “Toda la impunidad que se vive ahora tiene sus orígenes en el pasado, al igual que los niveles de criminalidad”.

Según Alvarado, los familiares de las miles de víctimas de desaparición forzada “aún esperan que por fin alguien toque la puerta y regrese; la esperanza de ellos es superior a otra aspiración de reparación, ellos siempre tienen la expectativa de que regrese”.

Algunos familiares no se cambian de casa porque piensan que el desaparecido algún día regresará a su hogar.

Entre tanto, Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz, mantiene una postura firme en este tema. “Cuando hablamos de desaparecidos, estamos hablando de algo más amplio que la desaparición forzada como delito, y serán los juzgados quienes determinarán si hubo o no un delito y se procese a los responsables”.

Arenales Forno señala que las cortes de justicia del país deben resolver si hubo o no un delito, y si la ley puede ser retroactiva desde que se tipificó tal delito o si se puede aplicar una amnistía.

Existe una iniciativa de ley que busca la creación de una instancia para la búsqueda de desaparecidos y el debate se encuentra en el Congreso de la Republica, dice Arenales Forno, quien considera que la legislación debería de tener un “objetivo sin calificativos” y no especificar qué tipo de desaparición castigará.

Asegura que lo que se está esperando de parte del  Gobierno es que se termine de discutir la ley en el Congreso y la comisión que se cree haga el trabajo que le corresponda. Además indica que Guatemala todavía no es parte de la Convención de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, adhesión que también se encuentra propuesta en una iniciativa en el Congreso de la Republica.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y quien fue esposa de un desparecido, señala que la discusión de la iniciativa de ley para la búsqueda de personas desaparecidas se encuentra paralizada y “lamentablemente” es un tema que no genera consensos y ni siquiera acercamientos.

“La desaparición forzada fue un drama nacional que se dio sistemáticamente durante más de treinta años, generando una gran división de guatemaltecos, porque obviamente sustraer a una persona de su medio por parte de autoridades del Estado y ahora reconocerlo así es muy fuerte y en ese sentido no ha habido la voluntad para crear esa comisión”, indica Montenegro.

Sin embargo, a pesar de esta situación, desde lo privado con médicos forenses y organizaciones como FAFG, GAM, CIIDH y Famdegua se han realizado algunos esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas y se ha tenido algún tipo de éxito en este proceso.

Incluso, existe una iniciativa para identificar familiares por medio de pruebas de ADN a través de organizaciones no gubernamentales, pero por parte del Estado no se ha hecho nada dice la diputada.

Además indica que habría que hacer una revisión de la iniciativa que se encuentra en el Congreso, porque efectivamente el delito de desaparición forzada ya se encuentra tipificado y para evitar que los crímenes vuelvan a ocurrir en el futuro.

Por otro lado, lo que contempla la iniciativa de ley actual, más que cuestiones judiciales, es implementar mecanismos para encontrar los restos de las personas desaparecidas y darles cristiana sepultura, que es lo que muchas personas buscan, agrega Montenegro.

CON ESPERANZA

Sara Vásquez recuerda bien el 9 de mayo de 1984, cuando supone que las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a su esposo, un dirigente sindical de panificadores, en la 10ª. calle 13-41, de la colonia Castillo Lara, en la zona 7 de la Capital.

“Desde entonces inicia la lucha de la búsqueda de mi esposo; he estado hasta en cementerios clandestinos, pero lamentablemente no he encontrado los restos de mi ser querido”, relata.

Sara recuerda que en el tiempo de la desaparición su esposo tenía 25 años y ella 24; fue entonces cuando quedó a cargo de sus tres hijos. “La vida sin él ha sido muy difícil; yo he jugado el papel de madre y padre para mis hijos, y hasta hoy día mis hijos preguntan cuál fue el paradero de su padre”, dice Sara. Sin embargo, no tiene una respuesta para esa pregunta.

La última vez que vio a su esposo fue el 9 de mayo a las 5 de la tarde, cuando se dirigía a una reunión con compañeros de la panificadora. “Él me dijo que regresaría a las 6 de la tarde, pero ya nunca regresó”, recuerda.

“Posteriormente a las 8 de la noche, llegaron hombres fuertemente armados a la casa que alquilábamos y se llevaron ropa, fotos y algunas otras pertenencias de mi esposo; desde entonces nunca más lo volví a ver”, contó.

No obstante, dice que la esperanza que aún le queda es saber en dónde se encuentran los restos de su esposo y darles sepultura.

Evelyn Blanco, directora del Centro Internacional para las Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), dice que casos como el de Sara han servido para que desde el 2006 se esté impulsando la iniciativa 3590, con el objetivo de crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

Blanco indica que dicha iniciativa ya tiene dictamen favorable, pero hasta ahora no se ha tenido mayor respuesta; además destaca que muchos de los familiares de víctimas están muriendo con la desesperanza de tener la respuesta del Estado para saber en dónde se encuentran sus seres queridos.

La activista señala que estos casos son emblemáticos, pues han esperado tantos años para que les den una respuesta a sus casos, siendo una deuda del Estado con miles de guatemaltecos y por supuesto una deuda de la justicia con quienes ya no están.