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El abogado les dijo a los residentes que estaban ocupando ilegalmente terrenos de su propiedad y que debían irse, según testigos. Si no lo hacían, le prenderían fuego al sitio y arrasarían con todo usando topadoras.

El líder del campamento Elie Joseph Jean-Luis relató que otros residentes que perdieron sus viviendas en el catastrófico terremoto del 2010 ahuyentaron a Georges y sus acompañantes a pedradas. Los habitantes del campamento evitaron ser desalojados ese día, en un episodio que puso de relieve un problema mayúsculo.

En las semanas que han pasado desde esa confrontación de mediados de abril, las penurias de los residentes del campamento han pasado a ser un símbolo de los problemas que enfrentan muchos de los 320.000 refugiados que siguen viviendo en campamentos y que sufren amenazas y a veces agresiones para que abandonen esos terrenos.

El episodio desató una serie de eventos que dejaron varios campamentos incendiados y un residente muerto. Una semana después del incidente, Amnistía Internacional dijo que en el último año aumentaron los desalojos.

«Este terrible incidente demuestra las consecuencias de seguir desalojando por la fuerza en Haití», afirmó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnesty, en un comunicado. «Han estado viviendo en campamentos, en condiciones horribles. Como si eso fuese poco, los amenazan con desalojarlos por la fuerza y dejarlos nuevamente sin techo».

La versión de Georges es muy distinta. Este ex senador que alguna vez representó al dictador Jean Claude «Baby Doc» Duvalier niega haber amenazado a los residente y afirma que fue al lugar simplemente a mostrarle a las autoridades cuáles eran sus tierras.

«Si dicen esas cosas, son malandras mentirosos», declaró Georges. Luego de circular el informe de Amnistía, el primer ministro Laurent Lamonthe dijo que el gobierno del presidente Michel Martelly estaba tratando de poner fin a los desalojos.

El gobierno «no cree en desalojos forzados», afirmó Lamonthe. «Hay algunos propietarios particulares de terrenos que lo hacen, pero no es algo que apruebe el gobierno».

Las personas desplazadas por el terremoto tienen derecho a ciertas protecciones legales estipuladas en una Guía de Principios para Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, la cual prohíbe los desalojos por la fuerza a menos que sean una necesidad para proteger la salud y el bienestar de los afectados.

Las autoridades nacionales son las responsables de proteger y suministrar asistencia humanitaria a los desplazados.
El desalojo de los campamentos es un reto de proporciones épicas que enfrenta el gobierno más de tres años después de uno de los peores desastres naturales de la historia.

El terremoto mató a más de 200 mil personas y dejó sin techo a 1,5 millones aproximadamente, cifras astronómicas en un país de 10 millones de habitantes. Tras el temblor surgieron una cantidad de campamentos como el de Acra, donde la gente que se quedó sin viviendas construyó carpas o casuchas con escombros, ramas de árboles, madera, lonas e incluso sábanas. Los campamentos se transformaron en pequeñas ciudades con sus propios comercios, barberías e iglesias. Todavía quedan unos 385 asentamientos de este tipo.

Grupos de ayuda y funcionarios del gobierno dicen que hay cada vez menos campamentos y que eso es un indicio de que el país se está recuperando. Numerosos activistas, no obstante, afirman que mucha gente está siendo desalojada por la fuerza, sin tener a dónde ir, por personas como Georges, que reclaman sus tierras, o incluso por el gobierno.

Según la Organización Internacional de Migraciones, 977 personas fueron desalojadas por la fuerza o mediante amenazas en los primeros tres meses del 2013.
La historia tiende a ser diferente en los campamentos que ocupan terrenos públicos. Mucha gente recibió subsidios del gobierno que les permitieron ubicarse en otras viviendas.

Este año, unas 700 personas fueron desalojadas de un campamento que ocupaba tierras privadas en el distrito capitalino de Carrefour luego de que un juez les ordenó irse y de que la policía hizo disparos al aire.

Residentes de otros campamentos aseguran que tuvieron que irse temporalmente de sus viviendas al surgir incendios en medio de la noche o porque la policía destruyó sus casitas a machetazos. A diferencia de lo que ocurrió en Acra, ninguno de esos episodios generó muertes.

Georges y Duvalier son hoy el blanco de numerosas denuncias. El ex dictador, quien volvió del exilio en el 2011 y hace frente a acusaciones de que violó los derechos humanos durante su gobierno, es una de las personas que dice ser propietaria de las tierras ocupadas en Acra.

Se cree que la mayor parte del terreno de ese campamento pertenece al estado, pero nadie sabe quiénes son los dueños del resto. Las disputas por terrenos en general se resuelven con bolsas de dinero en efectivo, armas, machetes o un incendio.
Residentes de Acra dicen que la visita de Georges fue apenas el comienzo de los problemas.

Horas después, varios motociclistas irrumpieron en el campamento mientras la gente dormía y le prendieron fuego a siete viviendas, de acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional.

Varios cientos de residentes fueron a una unidad policial cercana en medio de la noche para hacer una denuncia, pero los agentes se negaron a intervenir, según Jean-Louis, el líder del campamento.

«Dijeron que no tenían gasolina para sus autos», expresó. Furiosos, los residentes del campamento prendieron una fogata y bloquearon Delmas 33, una de las principales arterias de la zona.

Fue por entonces que las cosas se tornaron mortales. A eso de las cinco de la mañana, Merius Civil, quien residía en el campamento, salió de su casita para tirar la basura, en momentos en que llegaba la policía, según la hermana de Civil, Anele.

Los agentes arrestaron a Civil y a su vecino Darlin Lexima, indicó Patrice Florvilus, abogado que representa a la familia del finado y a otros residentes de Acra. Lexima dijo que más tarde vio a Civil aturdido bajo custodia policial.

«Tenía magullones en la cara, en la nariz, en todo el cuerpo», expresó Lexima. El estudio de Florvilus cree que Civil murió en la unidad policial de Delmas. Dice que hay testigos según los cuales su cadáver fue sacado de la unidad en un patrullero.

El inspector de la policía Jean-Faustin Salomon, por su parte, sostiene que Civil falleció en un hospital y que un informe preliminar indica que Civil y Lexima habían sido aporreados por residentes del campamento porque no participaron en la protesta.

Para el reverendo Waler Baptiste, pastor del campamento de Acra, el sitio fue atacado por una simple razón: los dueños de los terrenos que ocupan los campamentos quieren desalojar a los residentes sin ofrecerles dónde ir.

«La gente ha tratado de desalojarnos para recuperar su tierra», dijo Baptiste. «Al gobierno nosotros no le importamos. El que quiera aprovecharse de nosotros, lo hará».