Sandino Asturias Valenzuela
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica CEESC-CEG
Guatemala está sumergida en una de sus mayores crisis en materia de seguridad y justicia, con graves acusaciones contra las autoridades por ejecuciones extrajudiciales, con sus peores años de violencia institucional, con más de 19 mil muertes violentas en el actual gobierno, para un promedio de 17 muertes diarias, que incluyen los índices más altos de asesinatos de mujeres, niños y niñas de América Latina.
El 90% de los asesinatos se cometen con armas de fuego y según los datos del Ministerio Público, un 98.7% de los delitos contra la vida quedan en total impunidad.
La falta de visión estratégica y de políticas estatales de seguridad, condujeron a tomar la decisión de militarizar la seguridad ciudadana, como parte de una lógica represiva que incluye la limpieza social y la ejecución judicial como métodos para enfrentar la inseguridad, que ha traído más violencia.
Privatización indirecta
Por otro lado, la privatización indirecta de la seguridad se consolida y prosperan los negocios de la violencia. En el 2006 se vendieron aproximadamente 50 millones de municiones legalmente. De los 150 mil agentes de seguridad privada, sólo 30 mil tienen registradas sus armas en el DECAM; la mitad de las empresas son ilegales.
Toda esta problemática se debe resolver retomando la ruta trazada por los Acuerdos de Paz y la pendiente y pospuesta reforma a los sectores de seguridad y justicia. Estas reformas incluyen la creación de la institucionalidad civil capaz, sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido la implementación de la reforma en su conjunto.
En el actual período legislativo se aprobaron cinco leyes importantes, que se retrasó su implementación por falta de fondos, sin embargo, este año se aprobaron y han entrado en vigencia las siguientes leyes:
?Ley de creación de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), creando la inteligencia civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación;
?Ley del Crimen Organizado, mejora la capacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada y regula los procedimientos especiales de investigación;
?Ley del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses (INACIF) fortalecerá la capacidad del Estado para mejorar la investigación criminal y la prueba científica;
? Ley del Régimen Penitenciario, crea el régimen para tomar el control, por parte del Estado, de los centros de detención y desarrolla procesos de rehabilitación de los privados de libertad.
?Ley de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, una comisión que apoyará al Estado en la investigación criminal, el combate a los grupos clandestinos que realizan asesinatos, allanamientos con participación de agentes del Estado.
Las leyes pendientes de ser aprobadas:
La aprobación de otro conjunto de leyes en materia de seguridad han sido pospuestas durante más de 10 años, tienen un largo proceso de análisis y discusión, es urgente su aprobación e implementación, los retrasos tienen que ver con la protección de los negocios de la violencia que han estado por encima del interés nacional. Están pendientes de aprobación:
?Ley del Sistema Nacional de Seguridad, que permitirá la implementación del Sistema Nacional de Seguridad y el Consejo de Seguridad, tiene un alto grado de consenso, falta la aprobación por artículos, debería aprobarse en este año.
?Ley de Servicios Privados de Seguridad, que regula y controla la legalidad y profesionalidad de los servicios privados de seguridad;
? Ley de Control de Armas y Municiones, que restringe el uso de particulares a las armas y municiones y pasa el control de las armas al Ministerio de Gobernación;
?Ley de Inteligencia, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia;
?Ley de Acceso a la Información, Clasificación y Desclasificación de la Información Estatal Reservada, para lograr transparentar la gestión pública y reglamentar el uso de la información estatal reservada;
?Reformas a la Ley de Orden Público, para actualizar el contexto de guerra en que se hizo esa ley.
En el sector justicia
En el sector justicia siguen pendientes acciones que son fundamentales en la lucha contra la impunidad y ser coherentes con los recursos invertidos en este sector, que sobre todo ha faltado voluntad política para avanzar, están pendientes:
Las leyes complementarias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG);
La ratificación del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional;
La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura;
Las reformas a la Ley de Amparo; para evitar el abuso que ha contribuido a la impunidad;
Las Reformas al Código Militar, para evitar la impunidad en los delitos de carácter militar;
Reformas y nuevo Código Penal.
Es necesaria la aprobación e implementación de la legislación en seguridad y justicia, es de urgencia nacional, especialmente en este momento donde la violencia se ha generalizado y la impunidad es una práctica, convirtiéndose formas del ejercicio del poder, donde se afecta el derecho humano fundamental: el derecho a la vida, con la complicidad y participación de las autoridades.
Esta legislación permitirá al Estado cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad a todos y todas, permite además contar con políticas públicas de mediano y largo plazo con un enfoque preventivo y no represivo, fortalece una institucionalidad civil capaz de enfrentar la inseguridad ciudadana y desarrollar una relación diferente entre el Estado y la Sociedad, más democrática y humana.