La investidura del abogado Conrado Reyes Sagastume como nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público le plantea al profesional del derecho sin duda el mayor desafío de su vida y que tiene consecuencias históricas para el país. Llega a una institución que ha patrocinado la impunidad en Guatemala debido a que su estructuración en el marco del conflicto interno hizo que se convirtiera en garante de la inmunidad para los agentes del Estado que libraban la batalla contra la insurgencia, y una vez terminado el conflicto, la institución se puso al servicio de sus nuevos clientes, los poderes ocultos del crimen organizado, garantizando a ellos la misma impunidad.
El rescate institucional del Ministerio Público y la implementación de efectivas políticas en las fiscalías, para investigar los crímenes y acusar a los responsables, es el compromiso que tiene que asumir quien llega ahora a dirigir esa institución. Pocas veces en la historia una persona tiene tantas oportunidades de hacerle un bien al país y tantas limitaciones y ataduras para llegar al objetivo. Porque es indudable que Guatemala tendría un cambio fundamental en dirección positiva si el Ministerio Público empezara a cumplir a cabalidad sus fines, pero también hay que entender que existen deficiencias estructurales, propias del diseño mismo de la entidad que tiene la obligación de ejercitar la acción penal. El presidente Colom sabía que al hacer la designación estaba amarrando en buena medida el juicio sobre su gestión a los resultados que se den en la del abogado Reyes Sagastume porque el tema de la impunidad es sin duda el más grave de la vida nacional. El mismo no sólo tiene que ver con los índices de violencia, que son pavorosos, sino también con los índices de corrupción, de evasión, de deterioro institucional y la tremenda fragilidad del Estado. En pocas cosas se puede ver de manera tan patética esa fragilidad del Estado como con la impunidad por los efectos que tiene en todos los órdenes de la vida y porque es la evidencia certera y concreta de que el Estado no puede cumplir siquiera con sus fines esenciales de garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes y administrar justicia correctamente. Por ello es que esta nueva administración en el Ministerio Público resulta tan importante que cabe hablar de un desafío histórico. El país está al borde del colapso institucional por la cooptación de los poderes ocultos que aprovechan la debilidad institucional del Estado y es cuestión de «ahora o nunca» para empezar a revertir el deterioro y justamente es en la Fiscalía donde se tiene que dar el primer y más significativo paso. Tal es el panorama en que arranca la gestión del Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume.