Cuando el presidente Pérez Molina súbitamente lanzó la propuesta encaminada a la despenalización de las drogas, fue como si hubiera hurgado un fogón en la cocina nacional, con repercusiones a escala internacional, al extremo que se vio obligado a rectificar el audaz planteamiento por considerarse excesivamente tolerante con los traficantes y consumidores de estupefacientes, especialmente por la incómoda reacción de los patronos del Norte, cuyo mercado de adictos es el mejor estímulo para el incremento de la oferta, y sus consecuencias, sobre todo para Guatemala y otros países centroamericanos.
Ante el rechazo de sus propios amigos de la poderosa oligarquía, que después de todo es la que dispone lo que conviene o no a los intereses, no de los guatemaltecos en general, sino de ese grupo de plutócratas que ordenan lo que debe hacerse u omitirse en el país, el mandatario tuvo que rectificar parcialmente y buscar aliados entre sus pares latinoamericanos, con poca efectividad.
Aun así, no cejó en su empeño, que lo catapultó relativamente a la notoriedad internacional y, obtuvo voces de aliento de algunos de sus homólogos que iban de salida, como el expresidente mexicano Felipe Calderón, además de que un leve, moderado y condicionado apoyo de Washington lo estimuló para replantear su iniciativa en el reciente Foro de Davos (Suiza), presentando una alternativa reguladora o un término medio entre la prohibición y la legalización completa, para reducir en Guatemala la violencia en un 50%.
Sin embargo, esa modificada propuesta tampoco ha logrado convencer a la comunidad internacional (y ni a la mayoría de los guatemaltecos), y tomo como ejemplo lo señalado por el periódico La Opinión (digital) de Los Ángeles, porque el presidente Pérez Molina se habría contradicho en su apreciación, toda vez que en febrero del año anterior, afirmó que la violencia criminal es originada por las pandillas juveniles, cuyo vínculo con las drogas se reduce a la venta para el consumo, según criterio de aquel medio californiano, aduciendo que la misma Policía Nacional Civil señala que la extorsión de las maras es el principal móvil de homicidios y asesinatos.
Para ilustrar su razonamiento, La Opinión cita una entrevista que le hizo la publicación (también digital) El Faro, de El Salvador, al ministro de Gobernación de Guatemala, que habría atribuido a la organización pandillera un 60% de los homicidios, además de que un tercio de ese porcentaje obedecía a la violencia entre pandillas rivales, y los restantes son víctimas de las maras, no integrantes.
Al insistir en otros datos sobre la criminalidad en Guatemala y la incidencia del narcotráfico en este fenómeno, La Opinión pone en duda los argumentos del presidente guatemalteco sobre las causas que lo inducen a debatir la actual estrategia para el combate al narcotráfico y descalifica sus argumentos.
Precisamente por la debilidad de la propuesta, sería que Pérez Molina no logra convencer a la comunidad internacional con su iniciativa.
(Un vocero de la PNC le informa al reportero Romualdo Tishudo: En el tiroteo murieron tres personas y un narco mexicano).