La Presidencia de la República, en Consejo de Ministros, derogó el Estado de Calamidad por el terremoto del 7 de noviembre, según el Decreto Gubernativo 11-2013 publicado hoy en Diario de Centro América, el cual indica que las circunstancias que motivaron la declaratoria del Estado de Calamidad Publica fueron superadas.

Desde hoy se hace oficial la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 10-2013 que prorrogaba por octava vez el Estado de Calamidad Pública por el terremoto que afectó a San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá y Quiché.

A partir de hoy el Gobierno deberá de licitar las compras y contrataciones para terminar con la reconstrucción en los departamentos que aún se ven afectados por el desastre natural que azotó al país.

MALOS MANEJOS

Según Carlos Martínez del IPNUSAC el haberse prorrogado un Estado de Calamidad Pública por varios meses se vuelve dudoso porque la etapa propiamente de la emergencia ya había pasado, mostrando deficiencia de los mecanismos gubernamentales y estatales al pasar 6 u 8 meses y no poder atender los asuntos de emergencia.

Martínez indica que cuando ocurre un desastre natural como un terremoto se cubre en tres partes; primero la atención inmediata a la emergencia, con medicina, alimentos; la segunda sería una fase de evaluación de los daños estableciendo las fases de recuperación y la tercera la reconstrucción de largo plazo.

Además indica en este marco excepcional en términos legales puede prestarse a malos manejos, desvió de recursos a discrecionalidad de diferentes compras, entonces el tiempo se rebasa usando este  mecanismo.

NO SE TRADUCE EN BENEFICIO

Por otro lado Manfredo Marroquín señala que se ve positiva la derogatoria por el tiempo, y porque estaba dando lugar a adquisiciones amparadas en ese acuerdo que no tenían nada que ver con el proceso de reconstrucción.

Marroquín indica que aún hace falta mucha infraestructura sobre todo en el área de vivienda para ayudar a los damnificados, sin realmente saber que el Estado de Calamidad ayude, porque los Gobiernos los utilizan para hacer compras, pero no son eficientes en hacer la labor de reconstrucción, “son efectivos en hacer las compras, pero no en la reconstrucción en sí misma”.

“Se amparan en una figura, pero esto no se traduce en beneficio para los afectados, entonces el Estado debería de revisar estos mecanismos legales que se utilizan solo para cometer actos ilícitos de corrupción y no son efectivos para la reconstrucción del país” señalo Marroquín.

Se trató de tener la versión oficial respecto a los avances en la reconstrucción con Jorge Mario Hurtarte, subcoordinador de reconstrucción, pero no se logró tener su respuesta.