Leímos que el gobierno cabildea para que Guatemala sea electa al Consejo de Seguridad para el período 2011-2012. Al mismo tiempo, recibimos el comunicado de Convergencia por los Derechos Humanos señalando que dirigentes de organizaciones de derechos humanos se encuentran amenazados, ante la indiferencia y/o incapacidad de las autoridades.
Evidentemente, los dos hechos son contradictorios. Nosotros, como migrantes, haríamos lo necesario para impedir que Guatemala llegue al Consejo de Seguridad si los derechos humanos siguen siendo no prioritarios para el Estado guatemalteco. Hace unos años hicimos intenso cabildeo para que Guatemala no fuese electa, por exactamente las mismas razones, y nuestro esfuerzo fue fructífero, al preferirse a Panamá en la elección de Asamblea General.
Qué es nuestro ultimátum al Gobierno del presidente Colom. Primero, lo responsabilizamos por no aumentar el nivel de seguridad en el país, ni para el ciudadano común y corriente ni para quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos. Es inconcebible que 12 años después de la firma de los Acuerdos de Paz se lea: «La Convergencia por los Derechos Humanos, con suma preocupación informa sobre las amenazas de muerte y un cerco de ataques y hostigamientos enfrentados por Seguridad en Democracia -Sedem y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala -Udefegua-, desde el jueves 30 de abril, mismos que han continuado hasta el día de hoy».
La causa de hostigamientos y ataques, dicho por sus responsables, son los esfuerzos que se realizan por encontrar la verdad y hacer justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas armadas y de seguridad durante el conflicto. Dichos responsables son los mismos autores de los crímenes, incluido el del obispo Gerardi, amparados por la impunidad que genera el poder, y ahora insertos en el crimen organizado. El gobierno sabe quiénes son estas personas. Tiene la lista completa de ellas y sus vinculaciones con la inseguridad y violencia de hoy. Por consiguiente, tiene la obligación de actuar. Preventivamente debe capturar a los sospechosos, para afirmar que no pueden volver a prácticas del pasado. La impunidad debe desaparecer. Señalamos al presidente Colom que esta situación debe cambiar en cuatro meses, porque lo único que se requiere es voluntad política y determinación. De fallar el gobierno iniciaremos una campaña internacional contra la candidatura del Estado de Guatemala al Consejo de Seguridad.
Esta campaña no será lanzada por otras razones justificables de crítica al gobierno: la persecución legal contra el movimiento social; la entrega de recursos nacionales al mejor postor; escándalos de corrupción; indiferencia ante los migrantes y sus organizaciones; manipulación de la elección de magistrados; medidas de autoritarismo; insuficiencia de programas sociales para atender a las grandes mayorías; y ni siquiera por su incapacidad de brindar seguridad a la población. La razón de desarrollarla será únicamente el producto de la falta de medidas urgentes e indispensables para proteger los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos. El plazo vencerá el 15 de septiembre.