En medio del fuerte impacto derivado de la crisis económica, que actualmente agobia al pueblo de Guatemala, se han sucedido vergonzosos hechos que ponen de relieve el rezago de nuestro país con respecto a los derechos humanos. Uno de estos casos es el de amenazas de muerte en contra de los miembros de la Fundación de Antropología Forense, FAFG, que desde hace más de diez años llevan a cabo investigaciones antropológicas forenses en apoyo del sistema de justicia para el esclarecimiento de la verdad de las masacres, muertes extrajudiciales y desapariciones que hubo dentro del contexto del conflicto armado interno.
A propósito de estas amenazas, la conocida organización internacional defensora de los derechos humanos «Human Rights First» y mil cuatrocientos catorce personas, enviaron una carta el pasado 29 de mayo a la licenciada Rosa María Salazar, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, expresando su preocupación por la continua, evidente intimidación y amenazas de muerte contra la Fundación de Antropología Forense.
El documento señala que el lunes 19 de mayo el Director Ejecutivo de la FAFG, Fredy Peccerelli y otros miembros del personal de esa institución recibieron un mensaje de amenaza de muerte por correo electrónico dirigido al señor Peccerelli, su familia y trabajadores de la Fundación,. Particularmente se menciona a la esposa del señor Peccereli. También se hace referencia a la vigilancia sobre el señor Omar Bertoni Girón, Jefe de Laboratorio y amenazas a su esposa.
La carta a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público indica que el 19 de mayo los testimonios por el caso de genocidio, que corresponden a 21 masacres de comunidades indígenas, señalaron a generales retirados del Ejército como responsables intelectuales de estos hechos. La recopilación de estas declaraciones por una comisión rogatoria solicitada por la Audiencia Española, está a cargo del juez Undécimo de Instancia Penal, licenciado Eduardo Cojulún que llevó a cabo las audiencias en las cuales se ha escuchado a sobrevivientes de las masacres y a peritos. El martes 20 de mayo, el juez Eduardo Cojulún externó públicamente haber recibido amenazas de muerte referente a su trabajo con las diligencias para España.
Human Rights puntualiza que «Estas amenazas son un claro intento de detener a la FAFG y al juez Cojulún por buscar justicia respecto a las atrocidades cometidas en Guatemala.» Sin duda, las amenazas tienen un efecto silenciador para la sociedad civil, además de desalentar el avance de la justicia para esclarecer el pasado y los esfuerzos para combatir la impunidad en Guatemala atemorizando a los testigos y las víctimas.