Derechos humanos empañan antorcha


Unos manifestantes protibetanos realizaron una protesta frente a la sede del Comité Olí­mpico Internacional, mientras en Grecia se iniciaba la ceremonia del fuego olí­mpico.

La cuestión de los derechos humanos en la región china de Tí­bet irrumpió el lunes en la ceremonia de encendido de la llama olí­mpica de los Juegos de Pekí­n, en la ciudad griega de Olimpia.


Pekí­n llamó al mundo a rechazar cualquier campaña que vincule los Juegos Olí­mpicos con Tí­bet o cualquier otra cuestión polí­tica, y mantení­a cerrado el acceso a las regiones donde hace dos semanas estallaron disturbios que, según los lí­deres tibetanos en el exilio, dejaron 130 muertos.

El asunto volvió a un primer plano durante la ceremonia de encendido de la llama, en la ciudad donde nacieron las olimpiadas de la antigí¼edad (776 añso antes de Cristo), cuando tres miembros de Reporteros Sin Fronteras (RSF) perturbaron el discurso del responsable chino del Comité Organizador de los Juegos, Liu Qi.

Uno de ellos desplegó una banderola con el lema «Boicot al paí­s que pisotea los derechos humanos» y otro gritó: «Libertad, Libertad» detrás de la tribuna oficial. La policí­a detuvo rápidamente al grupo y la televisión oficial griega pasó a enfocar otra imagen.

El gobierno griego condenó el incidente y el presidente del Comité Olí­mpico Internacional (COI), Jacques Rogge, lamentó lo ocurrido.

«Pienso que siempre es triste cuando hay manifestaciones, pero éstas fueron no violentas y eso es lo más importante», dijo Rogge, que previamente habí­a afirmado que no veí­a ningún entusiasmo por parte de los gobiernos en boicotear las pruebas deportivas.

«Si el fuego olí­mpico es sagrado, los derechos humanos lo son aún más», replicó desde Parí­s la organización RSF, cuyo presidente Robert Menard figuraba entre los manifestantes de Olimpia.

Menard dijo luego que no darí­a tregua, y que RSF realizarí­a «acciones» hasta la inauguración de las Olimpí­adas, el 8 de agosto, con vistas a que los jefes de Estado extranjeros boicoteen el evento.

«No tenemos nada contra los JO, nada contra los atletas» pero «estamos alertando a los Estados de que China es la mayor prisión del mundo», dijo Menard por teléfono a la AFP desde la comisarí­a de Pyrgos, a 80 km de Olimpia, donde era interrogado.

Una ecologista tailandesa, Narisa Chakrabongse, rechazó llevar la llama, en solidaridad con la causa tibetana. «Quiero enviar un mensaje claro a China», de que «debe revisar con urgencia su polí­tica con Tí­bet», explicó la mujer, presidenta de la Green World Foundation.

La antorcha debe entrar a China en mayo por el monte Everest y pasar en junio por Lhasa, la capital tibetana, escenario de las protestas más violentas de las últimas décadas en Tí­bet.

Las manifestaciones comenzaron el 10 de marzo, coincidiendo con el aniversario del levantamiento fallido de 1959 contra la ocupación china, que forzó la partida a Dharamsala (norte de India) del Dalai Lama, lí­der espiritual del budismo tibetano.

El gobierno tibetano en el exilio afirmó el lunes que la represión dejó al menos 130 muertos, revisando al alza el balance de 99 anunciado la semana pasada.

Según el gobierno chino, el balance es de 19 ví­ctimas fatales, todas ellas civiles «inocentes» que habrí­an muerto a manos de los manifestantes.

La represión desató una ola de crí­ticas, pero Pekí­n acusó al Dalai Lama de orquestar las revueltas con el objetivo de sabotear los Juegos Olí­mpicos, y rachazó los llamados al diálogo con el Premio Nobel de la Paz.

Esos llamados fueron reiterados el lunes por Francia y Estados Unidos.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamó a su homólogo chino Hu Jintao «moderación» y que actúe para poner «fin de la violencia mediante el diálogo en Tí­bet», indicó el Palacio del Elí­seo.

Y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, instó a China a dialogar con el Dalai Lama como parte de una «polí­tica más sostenible» en Tí­bet.

Dando muestra de su determinación a no ceder un ápice, la justicia china condenó a cinco años de cárcel al disidente Yang Chunlin, de 52 años, por haber organizado una petición que vinculaba la mejora de los derechos humanos a los Juegos, anunció el lunes su abogado.