Un análisis efectuado por el ICEFI, demuestra que dentro del proyecto de presupuesto para el próximo año contiene una reducción en algunos derechos. El Congreso está por aprobarlo.
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El Presupuesto de Ingresos y Egresos que regirá para el próximo año, entra en su recta final. El Congreso tiene pocos días para ponerse de acuerdo con la propuesta que presentarán al pleno para su aprobación.
Aunque en las últimas semanas los parlamentarios se enfrascaron en la discusión de reducir en un diez por ciento el proyecto original enviado por el Ejecutivo que es de 39 mil millones de quetzales al final hubo un giro en la oposición.
Algunos legisladores buscaban que los rubros de propaganda del gobierno fuera reducido su monto, así como la contratación de personal en el renglón 029, son aspectos que se quieren cambiar.
Al final de la semana anterior los bloques mayoritarios se pusieron de acuerdo para que el presupuesto se quedara con la propuesta enviada por el Ejecutivo.
El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto.
Mientras los diputados se ponen de acuerdo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), efectuó un análisis del presupuesto para el próximo año.
El Instituto encontró algunas debilidades al presupuesto que regirá para el próximo año.
El monto total del gasto público asignado a la protección y cumplimiento de los derechos humanos, y concretamente de los derechos humanos, y concretamente a los económicos, sociales y culturales para el año 2007, asciende a Q18 mil 743.7 millones que representa el 45.1% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado propuesto para el 2007, en contraste con un 54.9% para el presupuesto aprobado para el 2006.
Resulta significativo que el gasto público total dedicado a cumplir o proteger los derechos humanos se redujo como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pasando de representar el 6.6% del PIB en el 2006 al 6.3% del PIB en el 2007.
En otras palabras, aunque la economía está creciendo, la proporción del ingreso nacional que se le dedica a la protección y cumplimiento de los derechos humanos se está reduciendo.
Lo anterior sería contrario a la idea de que hay una realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales en su conjunto, refiere el análisis del Instituto.
No es suficiente
Además, aunque la participación (45.1%) del presupuesto dedicado a proteger pueda parecer alta, el monto asignado queda muy por debajo de la demanda de recursos requeridos para atender las necesidades básicas en materia de los derechos humanos, como será evidente al analizar los recursos asignados a la protección y cumplimiento de cada derecho individual.
Se contempla incrementos presupuestarios para la defensa y cumplimiento de los derechos a la salud y asistencia social (22.6%), de la educación (1.9%), del trabajo y previsión social (7.0%), de la justicia (15.6), de la cultura (6.2), vivienda (8.9%) y de la no discriminación racial (59.1%), según el ICEFI.
Sin embargo, de todas estas asignaciones para la protección y cumplimiento de los derechos económicos, culturales y sociales, solamente los recursos para proteger y cumplir los derechos a la salud y la asistencia social aumentaron significativamente como proporción del PIB (de 1.5% en el 2006 a 1.6% en el 2007), mientras que los demás se estancaron o se redujeron.
En el caso de los recursos asignados a la no discriminación racial hubo un muy modesto aumento, pero con un nivel de gasto equivalente a 0.01% del PIB, que significa que su impacto es extremadamente limitado.
En lo que respecta a proteger los derechos de la mujer hubo una reducción absoluta de los recursos disponibles, lo cual se reflejó en una reducción aún mayor de su valor como proporción del PIB.
Esto significa que, en términos agregados, puede argumentarse que se contempla una realización progresiva de los derechos humanos solamente en el caso de la salud y, marginalmente, en el caso de derecho a la no discriminación.
EN LA SALUD
En general, el gasto público total destinado a proteger o cumplir los derechos a la salud asciende a Q4 mil 628 millones, es decir, una variación absoluta de Q852.3 millones, (22.6%) con relación al año anterior.
Esto refleja, en particular, aumentos del gasto público en las áreas de asistencia médica (22.0%) y nutrición (24.6%).
Otras áreas con incrementos, aunque en términos absolutos menores, se proponen en las áreas de la protección de la salud de los niños, la educación en salud y el mejoramiento ambiental.
Las áreas afectadas con una disminución del gasto son los recursos para la seguridad social (9.9%) y para atender a los discapacitados.
Según declaraciones del presidente í“scar Berger, esta cartera ha tenido un incremento en su presupuesto para solventar el problema en la red hospitalaria.
Aunque los médicos no ven con buenos ojos la propuesta para el sector salud que presentó el Ejecutivo.
Sergio Rivas, médico residente del hospital San Juan de Dios, manifestó que buscan que el presupuesto para el próximo se asignen 3 mil 400 millones de quetzales para dar una mejor cobertura a la red hospitalaria.
Se ha solicitado al ministro de Salud, Víctor Manuel Gutiérrez, busque la forma que se apruebe esa propuesta pero no hay respuesta, dijo Rivas.
Llama la atención que aumentan proporcionalmente más los recursos para los servicios de hospitalización del Ministerio de la Defensa que los del Ministerio de Salud, que tienen una cobertura nacional, no restringida.
Según Rivas, si no se incrementa más el presupuesto para Salud, no se podrá solventar la crisis hospitalaria que tienen varios centros asistenciales a nivel nacional.
Así, la hospitalización correspondiente al Ministerio de Defensa registra un incremento de Q15.6 millones (41.1%) en tanto que dichos servicios a cargo del Ministerio de Salud tienen un incremento de Q30.1 millones (38.4%).
Secundaria con baja cobertura
El gasto público total destinado a la educación para el 2007 asciende a Q7 mil 445.5 millones, es decir, solamente Q139.5 millones más que el año anterior.
Además, la asignación para el 2007 equivale al 2.5% del PIB, menor a lo asignado (2.8%) al año anterior.
Ante las grandes deficiencias de cobertura y calidad en las primarias (con cobertura limitada en los últimos años y calidad baja en general) y en la secundaria (con baja cobertura y calidad en general), esta seria escasez de recursos sugiere que no se está dando una realización progresista del derecho a la educación en el país.
Estas cifras contrastan con los datos registrados en el presupuesto global de educación porque en este caso solamente se incluyen los recursos dirigidos a proteger o hacer cumplir los derechos a la educación, habiéndose excluido en el rubro de gasto dirigido a proteger y cumplir el derecho de salud.
Aparte de esta limitada asignación de recursos a la educación primaria, resulta importante en el nuevo presupuesto propuesto para el 2007 la reasignación de recursos para este nivel de educación.
En el análisis efectuado por el ICEFI, se detectaron cinco cambios.
El primero consiste en que la cobertura de primaria completa tuvo una asignación de Q730.0 millones, cifra superior en Q434.2 millones al año anterior.
En segundo término, el presupuesto del resto de la ecuación primaria que no es bilingí¼e, de autogestión o para adultos, pero que cubre el grueso de este nivel de educación, cae en casi una tercera parte (-29.8%) reduciéndose a Q1,719.5 millones, inferior en Q729.5 al año anterior.
El tercer cambio va dirigido a reasignar programas. Como los útiles escolares, textos escolares, juntas escolares, escuelas del futuro entre otros no quedan claros ya que algunos estaban el año anterior y otros aparecen para el 2007.
El que tuvo un leve incremento fue el Programa de Educación Primaria Bilingí¼e, éste es el cuarto cambio.
Finalmente el quinto punto, el Programa de Primaria por Autogestión Educativa (PRONADE) tiene una disminución en su presupuesto, que alcanza Q414 millones, inferior en Q131.8 millones al anterior.
Guatemala ha asumido compromisos específicos acerca de la discriminación racial como consecuencia de la suscripción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Estos compromisos incluyen el combate a la discriminación en todas sus formas, incluyendo el combate de prejuicios y el desarrollo de una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos indígenas, refiere el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
El gasto público asignado a la protección de los derechos a la no discriminación asciende a Q444.8 millones (algunos de los cuales se incluyen como recursos destinados a proteger o hacer cumplir otros derechos, como la educación o los derechos de la mujer) lo cual significa un incremento de Q85.2 millones respecto al año anterior, equivalente a una tasa de crecimiento del 19.2% del gasto público en este rubro en el 2007 comparado con el 2006.
Ello se refleja en un gasto público del 0.1% del PIB, similar al del año anterior.
El mayor aporte se consigna en educación bilingí¼e, asignación presupuestaria incluida como parte de los recursos que se destinan a proteger y hacer cumplir el derecho a la educación, al igual que los recursos dirigidos a cubrir las necesidades de la Defensoría de la Mujer Indígena, contemplados como parte de los gastos destinados a proteger los derechos de la mujer.
Los programas como la lucha contra las exclusiones en Guatemala (Q 23.1 millones) y Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala CODISRA (Q120 millones) son los que absorben la mayor proporción de recursos restantes en el 2007, con aportes modestos cuando se toma en cuenta el desafío de combatir efectivamente la discriminación en Guatemala.
En síntesis, el principal aporte a la no discriminación resulta del gasto asignado a la educación bilingí¼e, ubicado en el Ministerio de Educación, y que registra un aumento importante (Q71.0 millones) en el 2007.
De mucho menor significancia resultan ser los demás proyectos o programas, donde la limitada cantidad de recursos se combina con cierta dispersión que no facilita una orientación estratégica del gasto público en esta área, aun cuando se contemple un modesto aumento de los recursos, que estarían pasando de ser el equivalente al 0.1% del PIB en el 2006 a 0.2% del PIB en el 2007.