Entendemos que el ciudadano puede reclamar derecho a que se respete su privacidad, pero resulta que en el momento mismo en que uno recibe fondos del Estado cae en lo que dice la Constitución respecto a que aun particulares que se benefician con fondos públicos, están sujetos a la fiscalización correspondiente de la Contralorí­a de Cuentas y, por supuesto, en esas condiciones se termina el derecho a la privacidad. Nadie está sujeto a fiscalización de esa naturaleza si no recibe fondos del Estado y en consecuencia los guatemaltecos que no se benefician de los programas sociales no tienen obligación de informar ni están sujetos a que se conozcan sus nombres y datos generales, pero en el caso de los que con todo derecho reciben la asistencia estatal no pueden reclamar derecho a privacidad en lo que a esa erogación se refiere. Imagine el lector lo que podrí­a ocurrir si con base en criterios como el de la protección del derecho a la privacidad en un paí­s determinado se ocultaran los datos de los verdaderos beneficiarios de un programa de tal envergadura. Ello abre las puertas para que cualquier funcionario corrupto haga listas a su sabor y antojo y luego se embolse el dinero o lo use para fines de campaña polí­tica, puesto que gracias a ese manto de secreto será siempre imposible saber si los fondos públicos se reparten toda vez que no hay forma de corroborarlo porque se argumenta que dar los nombres de los beneficiarios atenta contra su derecho a la privacidad. Cuando hay varios valores en juego tiene que prevalecer el de interés general sobre el particular y en ese sentido la transparencia en el manejo de los fondos públicos es el valor de interés general que prevalece sobre el derecho del beneficiario a mantener oculto y secreto su nombre. Precisamente por la importancia de llevar esos programas al mayor número de gente necesitada es que se impone que el dinero se use con propiedad y eso únicamente se puede establecer si hay acceso a los datos para verificar que no se produzca algún manejo impropio. La dirección de los programas de Cohesión Social tendrí­a que ser la más interesada en la transparencia porque no pueden meter las manos al fuego por todo su personal y algunos podrí­an inflar o inventar listados para quedarse con el dinero.